SUPA

Van a revisar la prisión domiciliaria a los miembros del SUPA ¿qué dice la fiscal?

Una investigación judicial arrojó luz sobre presuntas prácticas de extorsión llevadas a cabo por líderes del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) en la industria pesquera de Rawson y Comodoro Rivadavia.

Esta semana, los tribunales serán testigos de una revisión crucial: la prisión domiciliaria de varios miembros destacados del SUPA, acusados de extorsionar a empresarios pesqueros en los puertos mencionados. Según la fiscal capitalina Florencia Gómez, "esta investigación ha desentrañado una compleja trama de abuso de poder y coacción."

El SUPA, un sindicato que representa a los estibadores en varios puertos importantes del país, es señalado por controlar la oferta de mano de obra mediante prácticas cuestionables como el "Centro de Contratación" y la "Bolsa de Trabajo".

Los hechos se remontan a reuniones paritarias celebradas en julio de 2023, donde líderes sindicales como Alexis Gutiérrez, Bruno Vera, Juan Carlos Inalef, Claudio Villarroel, entre otros, habrían impuesto aumentos arbitrarios a las empresas pesqueras. Según la fiscalía, "ante la negativa de estas últimas a cumplir con las exigencias, se habrían producido amenazas de paralización de las operaciones portuarias."

La investigación judicial dejó en evidencia una serie de transferencias bancarias sospechosas entre cuentas empresariales y personales de los sindicalistas, sugiriendo un claro patrón de extorsión y enriquecimiento ilícito.

Según la fiscal Gómez, "uno de los puntos más preocupantes es la presunta intimidación hacia los empresarios." Se señala que, en algunos casos, "se habría amenazado con hacer 'boleta' a aquellos que se negaran a pagar las sumas exigidas", generando un ambiente de miedo y coerción.

"No sabés con quiénes te estás metiendo, de dónde venimos y cuánta gente somos. Si ponés la plata no van a tener problemas. Si no la ponen, te cuento lo que va a pasar, te vamos arruinar el negocio, y te vamos hacer boleta a vos y a tu familia, ustedes eligen".

Desde fiscalía apuntan a un claro abuso de poder por parte de los líderes del SUPA, que habrían perjudicado económicamente a las empresas pesqueras y obtenido beneficios personales ilegítimos.

La revisión de la prisión domiciliaria de los acusados es un paso fundamental en este proceso judicial.

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