El Colegio de Abogados, representado por Pedro Ferreira, también apuntó contra los ministros del STJ
El escándalo del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, luego de que los ministros se aumenten el sueldo mediante gastos reservados sin respetar la Ley de Porcentualidad con los empleados, generó el repudio no solo de la Asociación de Magistrados, mediante un pedido de informes, sino que el propio Colegio de Abogados expidió su malestar.
Tras la denuncia del Sindicato de Empleados Judiciales que ya anunciaron un paro, el aumento de sueldo "por afuera" de los miembros del STJ, sumado a leyes derogadas que se están analizando si se aplicaron, los colegios de abogados debieron salir a mostrar su malestar.
El Colegio Público de Abogados de Comodoro, está representado hoy por Pedro José Ferreira, primo del marido de la diputada nacional Ana Clara Romero, con quien mantiene una férrea relación desde los comienzos de su carrera política.
Tras el escándalo desatado, el organismo que nuclea a los letrados de la ciudad, expresó su "profundo malestar por el acuerdo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, en cuanto dispone en los hechos aumentos salariales discrecionales para los ministros de dicho cuerpo".
Si bien el documento está escrito con bastante mesura, advierten que estos adicionales salariales "no resultan oportunos ni convenientes", teniendo en cuenta las graves dificultades financieras que atraviesa la provincia desde hace años. "La emergencia es para todos o para nadie", agregan saliendo del lenguaje protocolar.
En Madryn, también
En consonancia, pero mucho más enérgico, fue el comunicado publicado por el Colegio de Abogados de Puerto Madryn. "El Poder Judicial del Chubut ante su mayor descredito institucional", pronunciaron.
En el documento, afirman que los miembros del STJ "han comprometido principios fundamentales como la transparencia, la legalidad, la igualdad ante la ley y el acceso continuo a la justicia".
"Se ha conocido la existencia de varias acordadas firmadas por los ministros del STJ que se asignan aumentos salariales significativos, con adicionales por "gastos de investidura", incluyendo al Procurador General y al Defensor General de la provincia. Estos incrementos, que en algunos casos alcanzarían hasta un 60 % sobre las remuneraciones, han sido implementados sin la debida publicidad y sin respetar el sistema de porcentualidad establecido por la Ley I N.º 301, que garantiza la equidad salarial en toda la estructura judicial".
"Además, se ha denunciado la utilización de partidas presupuestarias bajo el concepto de "gastos reservados" o "gastos sin discriminar", sin rendición de cuentas ni control externo, lo cual contraviene los principios de transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos", describieron.
Para completar, advierten "una reiterada designación de funcionarios en cargos jerárquicos sin sustanciación de antecedentes ni oposición", es decir sin concurso, algo regido por Ley.