ATE postergó el paro en aeropuertos y siguen las posibles demoras en vuelos por asambleas gremiales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió postergar el paro total programado para el lunes 2 de febrero en los aeropuertos de todo el país tras una advertencia legal vinculada a la normativa sobre servicios esenciales, que exige un preaviso mínimo de cinco días para medidas de fuerza. Por ese motivo, la nueva fecha probable de la huelga general sería el lunes 9 de febrero.

Sin embargo, el conflicto sigue abierto y se mantiene en cada terminal aeroportuaria un estado de asamblea permanente, lo que ya comienza a afectar la puntualidad de los vuelos, tanto domésticos como internacionales, con demoras y reprogramaciones. 

 La postergación de la huelga se dio tras la evaluación de los equipos legales del sindicato, que consideraron que el paro anunciado para el 2 de febrero no cumplía con los plazos establecidos por la ley de esencialidad, que protege servicios públicos clave y exige avisar con antelación a las autoridades antes de ejecutar un cese de actividades.

A pesar del aplazo, el sindicato no levantó el estado de asamblea permanente en las terminales aéreas. En la práctica, esto significa que los trabajadores realizan reuniones y paros parciales y pueden demorar la atención en mostradores, pistas, servicios de control terrestre y otros sectores operativos, lo que genera incertidumbre en los vuelos programados.

Mientras se acerca la fecha prevista para el eventual paro aeronáutico el 9 de febrero, las asambleas informativas que se realizan hoy y en los próximos días en varios aeropuertos del país pueden provocar demoras en despegues y aterrizajes, retrasos en las operaciones de check-in y embarque, reprogramaciones en vuelos nacionales e internacionales e incertidumbre para pasajeros y aerolíneas.

  El conflicto laboral se originó en un reclamo salarial contra la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según denunciaron desde ATE, el Gobierno Nacional dio marcha atrás con un aumento ya acordado, reliquidó los haberes y dejó a trabajadores sin el pago de un adicional por "racionamiento" que ya aparecía en los recibos a través del sistema oficial SARHA.

 Para el gremio, esto representa una violación de acuerdos previos y una afectación directa al poder adquisitivo de los trabajadores, lo que sostiene la continuidad de la medida de fuerza y la presión gremial para lograr una respuesta del Estado.