Denuncian que el gobierno nacional frena la entrega de medicamentos oncológicos a niños
La Defensora de los Niños presentó un amparo judicial para obligar al Gobierno a garantizar la provisión de medicamentos oncológicos y otros tratamientos de alta complejidad a niños y adolescentes
La Defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, presentó un amparo judicial para exigir al Gobierno nacional la inmediata provisión de medicamentos esenciales para tratar enfermedades de alta complejidad en niños y adolescentes. Según denunció Graham, la entrega de estos fármacos, entre los que se incluyen tratamientos oncológicos, ha sido interrumpida desde hace varios meses, poniendo en riesgo la vida de cientos de menores.
"Hicimos un amparo judicial donde reclamamos la entrega de medicamentos de enfermedades de alta complejidad que el Gobierno dejó de proveer", detalló en diálogo con Splendid AM 990s. La funcionaria explicó que esta medida se tomó ante la gravedad de la situación y la falta de respuesta del Poder Ejecutivo.
El amparo, presentado el 2 de enero en el Juzgado Federal N°2, busca garantizar el acceso a medicamentos esenciales para niños con enfermedades crónicas, como el cáncer. Además de solicitar la provisión inmediata de los fármacos faltantes, el amparo exige al Estado que agilice los trámites administrativos para la aprobación y entrega de nuevos medicamentos.
"Esta es una vulneración de los derechos de los niños y adolescentes. Lo único que pedimos es que se cumpla lo que dicta la ley", aseguró Graham.
El Juzgado Federal N° 2 hizo lugar a una medida cautelar, lo que obliga al Gobierno a tomar medidas urgentes para solucionar esta problemática. Sin embargo, el Gobierno ha apelado la decisión judicial.
La medida cautelar impuesta por el juez establece plazos perentorios para que el Estado resuelva la situación de los niños que requieren medicamentos oncológicos.
En concreto, el Gobierno debe: a) Resolver en 10 días los expedientes administrativos con más de 60 días de demora; y b) Adecuar todos los expedientes en trámite en 20 días. Esta decisión judicial busca garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores y asegurar que reciban los tratamientos que necesitan de manera oportuna.