Discapacidad: el gobierno nacional anunció el cierre de Andis
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sus funciones serán transferidas a la órbita del Ministerio de Salud, una decisión que el Ejecutivo justifica bajo la bandera de la "transparencia", pero que despierta alertas en los sectores civiles por la pérdida de autonomía de un organismo clave para el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad
En una nueva avanzada sobre la estructura del Estado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La entidad, que hasta hoy funcionaba como un organismo descentralizado y autárquico, pasará a ser una dependencia del Ministerio de Salud. Aunque el discurso oficial asegura que la medida busca eliminar "capas burocráticas" y garantizar transparencia, la decisión genera incertidumbre sobre la autonomía y la especificidad de las políticas destinadas a uno de los sectores más vulnerables del país.
Austeridad para unos, reequipamiento para otros
La conferencia de prensa en Casa Rosada dejó al descubierto las prioridades de la gestión Milei. Mientras Adorni justificaba la eliminación del 45,7% de la estructura jerárquica de la ANDIS -con el despido de 16 cargos políticos- y reclamaba deudas millonarias a la provincia de Buenos Aires por el financiamiento de hospitales, el Ejecutivo confirmaba un nuevo contrato de financiamiento con un banco francés para la adquisición de cuatro helicópteros AW 109.
Este gasto en defensa, sumado a la compra previa de 24 aviones F-16, contrasta con el discurso de "orden fiscal" que el Gobierno utiliza para justificar la absorción de funciones sociales y la transformación de planes de empleo en "vouchers educativos" para casi un millón de beneficiarios.
El "paradigma" de la inocencia fiscal y el control de la calle
Adorni vinculó el cierre de la ANDIS con un "punto de inflexión" hacia la prosperidad, apalancado por el Presupuesto 2026 y la Ley de Principio de Inocencia Fiscal. Según el funcionario, esta última ley permitirá a los ciudadanos mover dinero "sin dar explicaciones", una medida que el oficialismo defiende como una devolución de libertad frente a un "Estado depredador", pero que observadores técnicos señalan como una potencial vulnerabilidad en los mecanismos de control financiero.
En materia de orden público, el Gobierno ratificó su postura inflexible: apelará la decisión judicial que busca limitar el protocolo antipiquetes. Bajo la premisa de que "la libertad de circular es sagrada", el Ejecutivo redobla la apuesta contra las organizaciones sociales, a quienes volvió a calificar como "gerentes de la pobreza", ignorando las advertencias judiciales sobre el derecho a la protesta.
Salud y Universidades: promesas bajo sospecha
A pesar de la retórica de protección a la salud y la educación, los hechos plantean interrogantes. Adorni aseguró que "las universidades no están en riesgo", una afirmación que choca con la realidad de un presupuesto universitario congelado y en conflicto permanente. Asimismo, mientras se jacta de un récord en trasplantes de órganos, el Gobierno traslada la compleja gestión de la discapacidad a un Ministerio de Salud que ya se encuentra bajo presión por la desfinanciación de diversas áreas y la deuda reclamada a las provincias.
La jornada cerró con una ratificación de la "pauta cero" para medios de comunicación, consolidando una estrategia comunicacional donde el Gobierno busca ser la única fuente de información validada, instando a los periodistas a "chequear" datos mientras centraliza el manejo de los recursos públicos bajo un esquema de rigidez fiscal que, por ahora, parece eximir únicamente a las carteras de Seguridad y Defensa.
