El Gobierno aprobó la nueva Política de Inteligencia Nacional: ciberseguridad, Malvinas y crimen organizado entre los 10 ejes estratégicos

Por primera vez en más de 20 años, la SIDE tendrá lineamientos formales que guiarán su accionar. La política incluye alertas sobre influencia externa, terrorismo, recursos estratégicos, Antártida y amenazas cibernéticas.


El Gobierno nacional oficializó este viernes la Política de Inteligencia Nacional, un documento central que establece los principios y objetivos que regirán el accionar de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de todo el Sistema de Inteligencia Nacional en los próximos años. La medida fue implementada mediante el Decreto 864/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

En conversación con ABC Radio, especialistas señalaron que se trata de la primera definición formal de política de inteligencia en más de dos décadas, un vacío institucional que el propio decreto reconoce en su introducción. El Gobierno, además, renovó recientemente la cúpula de la SIDE, lo que marca un cambio estructural en el área.

Un diagnóstico crítico del sistema de inteligencia

El texto oficial parte de un diagnóstico severo: según el decreto, el Sistema de Inteligencia arrastra "un deterioro relevante de más de treinta años", lo que habría debilitado la capacidad del Estado frente a amenazas externas e internas.

El documento menciona:

Los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), aún sin esclarecimiento pleno.
La muerte del fiscal Alberto Nisman, definida como "un hecho de suma gravedad institucional".
Las sucesivas intervenciones de la AFI desde 2019, consideradas por el Gobierno como un "retroceso".

La AFI fue disuelta por el Decreto 614/2024 y reemplazada por la actual SIDE, que se estructura en cuatro órganos desconcentrados:

Servicio de Inteligencia Argentino (SIA)
Agencia de Seguridad Nacional (ASN)
Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC)
División de Asuntos Internos (DAI)

El Poder Ejecutivo instruyó además a la Secretaría a elaborar una Estrategia de Inteligencia Nacional, destinada a operacionalizar los objetivos definidos en este nuevo marco.

Los cinco intereses estratégicos de la Nación

La política establece cinco intereses esenciales que orientarán todas las tareas del sistema:

Asegurar la soberanía y autonomía de la Nación.
Proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado.
Resguardar la vida, la libertad y los derechos de los habitantes.
Garantizar la vigencia del sistema democrático y federal.
Preservar los recursos estratégicos del país.

En relación con la soberanía, el documento enfatiza la necesidad de identificar amenazas, monitorear influencias externas y proteger el conocimiento estratégico argentino.

Respecto de la integridad territorial, se ordena analizar riesgos de fragmentación, presencia extranjera en zonas de frontera y dinámicas sensibles en el Atlántico Sur y la Antártida.

Los 10 lineamientos estratégicos de la Política de Inteligencia

El anexo del decreto detalla diez ejes estratégicos que abarcan los principales desafíos para la inteligencia argentina.

1. Disputa de poder global

Se reconoce que la competencia entre potencias afecta directamente a América Latina. El objetivo es anticipar riesgos y oportunidades en política exterior y seguridad nacional.

2. Información y riesgo de influencia externa

Advierte sobre operaciones de desinformación que pueden alterar procesos electorales, afectar proyectos estratégicos y erosionar la legitimidad institucional.

3. Poder integral de la Nación

Analiza factores económicos, científicos, sociales y tecnológicos. Señala riesgos como la captura de talento argentino por parte de potencias extranjeras y la dependencia tecnológica.

4. Proyección antártica y disputa en el Atlántico Sur

El texto destaca que Argentina mantiene presencia antártica desde 1904 y ordena monitorear acciones de actores estratégicos.
Sobre el Atlántico Sur, alerta sobre "competencia silenciosa" de potencias extrarregionales y menciona expresamente la "ocupación ilegítima" de Malvinas.

5. Recursos naturales estratégicos

Define como áreas de riesgo:

litio,
gas no convencional,
acuíferos,
biomas de alto valor ecológico.


Se plantea la presión simultánea de actores estatales y corporativos sobre estos recursos.

6. Amenazas en el ciberespacio

Considera el ciberespacio como dominio de conflicto, donde actores estatales y no estatales pueden proyectar poder de manera anónima y transnacional. Ordena fortalecer la ciberseguridad nacional.

7. Tecnologías de frontera

Incluye inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología avanzada y sistemas autónomos. El Gobierno las define como tecnologías que "redefinen los umbrales operativos".

8. Terrorismo

El documento advierte sobre la presencia de redes transnacionales vinculadas a Medio Oriente, con foco en zonas de frontera e intercambios informales.

9. Crimen organizado

Lo describe como una "estructura de poder paralela" que opera favorecida por fronteras permeables, rutas estratégicas y circuitos financieros informales.

10. Contrainteligencia

Se define como clave para detectar interferencias, evitar cooptaciones y proteger los procesos estratégicos del Estado Nacional.

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