El Gobierno busca revertir el fallo, pero apunta a reducir la sentencia a un monto negociable

Mientras en el país se aplican fuertes medidas de ajuste económico, en una corte de Nueva York se define una causa con impacto directo sobre las finanzas nacionales: la apelación presentada por el Estado argentino para intentar revertir o reducir la sentencia que lo obliga a pagar US$16.100 millones -ya convertidos en más de US$17.000 millones con intereses- por la estatización de YPF en 2012.

La condena, emitida por la jueza Loretta Preska, favorece a los fondos Burford y Eton Park, que adquirieron los derechos litigiosos de la familia Eskenazi, antigua accionista de la petrolera. La apelación elaborada por los abogados del Estado busca dos cosas: que el tribunal de alzada revierta el fallo o, al menos, que modifique la manera en que se calcularon los daños, lo que podría reducir significativamente la cifra final.

Entre los principales ejes argumentativos, la defensa argentina sostiene que el tribunal estadounidense no era el foro adecuado para tratar una disputa de carácter societario vinculada a una empresa local. Invoca el principio de Forum Non Conveniens para señalar que el caso debía haberse resuelto en la justicia argentina, al tratarse de un conflicto regido por el derecho corporativo nacional.

Además, subraya que los estatutos de YPF son documentos organizativos internos y no constituyen contratos bilaterales entre accionistas, por lo que no pueden usarse como base para una demanda por daños y perjuicios entre socios. También argumenta que, en el momento clave de la infracción alegada, los demandantes ya no eran accionistas de YPF: los bancos prestamistas ya habían ejecutado sus acciones.

Uno de los puntos más sensibles del planteo es el cálculo de los montos. Los abogados remarcan que la jueza utilizó una tasa de conversión y una fecha de inicio de cálculo que inflaron artificialmente la deuda. En lugar de aplicar la tasa vigente al momento de la sentencia, el tribunal usó la del día del "incumplimiento" (16 de abril de 2012), lo que, según la defensa, incrementó el monto en al menos US$6.600 millones.

Otro punto es la tasa de interés. La corte de Nueva York aplicó un 8% anual con base en la ley argentina, pero la defensa sostiene que los tribunales contencioso-administrativos nacionales habrían usado una tasa mucho menor, cercana al 0,76%. Esto habría inflado la condena en otros US$6.900 millones.

Así, el escrito presentado por el Estado argentino se convierte en una apuesta por el "mal menor": si bien aspira a una anulación total del fallo, su verdadero objetivo es lograr una reducción que habilite una negociación viable. Lo que está en juego es una cifra equivalente a la mitad de las reservas internacionales del Banco Central.


Fuente: La Nación