El Gobierno flexibilizó los requisitos para el comercio de armas y municiones

El Gobierno nacional modificó las exigencias para comerciantes, talleres y fábricas de armas y municiones, eliminando varios requisitos administrativos con el objetivo de simplificar el funcionamiento del sector. 

Con esta disposición, se eliminó la necesidad de contar con habilitación municipal y la inscripción obligatoria ante ANMaC para diversas categorías de usuarios, como distribuidores mayoristas y minoristas, talleres de reparación, fábricas artesanales y entidades de tiro con instalaciones propias. La medida está dirigida especialmente a pequeños productores y locales que no superen una producción de 1.200 unidades al año.

Además, se amplió el alcance de la desregulación a fábricas de componentes, repuestos, municiones y elementos de recarga, así como a talleres especializados y plantas de destrucción de materiales controlados.

Desde el organismo aclararon que, si bien se eliminan ciertas formalidades, los usuarios deberán seguir cumpliendo con las normas de seguridad vigentes para el almacenamiento y manipulación de armas y municiones. También deberán respetar las regulaciones locales, provinciales y nacionales que rijan sus actividades.

La resolución forma parte del plan de desregulación y simplificación del Estado que impulsa el Gobierno nacional, con el argumento de reducir la burocracia y facilitar el desarrollo de actividades económicas. Según explicaron, los más de dos mil municipios del país imponen requisitos dispares que, en conjunto, generan una carga administrativa significativa para los comerciantes.

Por otro lado, la ANMaC autorizó a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a reutilizar armas decomisadas en operativos, las cuales deberán pasar primero por el control del organismo y permanecer en depósitos hasta que el Ministerio de Seguridad defina su uso.

También se introdujeron modificaciones en el procedimiento de decomiso y destrucción de armamento. Tras una sentencia firme, la ANMaC podrá decidir si destruye las armas o las destina a fines de interés público, aunque en todos los casos el material solo podrá ser utilizado por fuerzas de seguridad.