La Justicia declaró nulo el protocolo antipiquetes del Gobierno nacional

La Justicia federal declaró la nulidad del protocolo antipiquetes impulsado por el Gobierno nacional durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, quien hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En su fallo, el magistrado sostuvo que la Resolución 943/23 es ilegítima y carece de los requisitos necesarios para ser considerada un acto administrativo válido. "Se conforma -de manera manifiesta- la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y -en consecuencia- corresponde declarar su nulidad", expresó Cormick, al señalar que el texto no cumple con lo establecido en la normativa vigente.

Además, el juez aclaró que quienes hayan sido afectados por la aplicación del protocolo podrán realizar denuncias de manera individual ante la Justicia penal. En ese sentido, indicó que las personas perjudicadas por actuaciones de las fuerzas de seguridad bajo esas directivas deberán recurrir a los tribunales competentes.

Desde el CELS celebraron la resolución judicial y remarcaron que el fallo "pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer" y que no puede restringir derechos constitucionales mediante una resolución administrativa. Según la organización, el juez entendió que, bajo el argumento de ordenar el tránsito y dar instrucciones a la policía, el protocolo avanzaba sobre leyes penales, procesales y orgánicas, atribuciones que corresponden al Congreso.

El organismo también cuestionó que el Ministerio de Seguridad haya intentado legislar a través de una resolución para restringir el derecho a la protesta, sin pasar por el Poder Legislativo ni el Judicial.

La última aplicación del protocolo antipiquetes se produjo a mediados de diciembre, durante una movilización de la CGT contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, cuando Alejandra Monteoliva ya estaba a cargo de la cartera de Seguridad.

En paralelo, continúa en trámite una causa judicial que investiga los hechos ocurridos durante la marcha del 12 de marzo, cuando el reportero gráfico Pablo Grillo resultó herido tras recibir el impacto de un tubo de gas lacrimógeno en inmediaciones del Congreso.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, también se manifestó tras conocerse el fallo y afirmó que "una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución". Consideró la decisión judicial como "un gran avance contra la represión" y sostuvo que el pronunciamiento pone límites al autoritarismo del Gobierno. Asimismo, advirtió que una intervención judicial anterior podría haber evitado numerosos heridos durante las protestas.