La Justicia frenó el recorte de ANSES y obligó a mantener la pensión de Cristina Kirchner
La Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó el recurso extraordinario interpuesto por la ANSES para dar de baja el beneficio vinculado al expresidente Néstor Kirchner
La disputa legal por las asignaciones de privilegio de la expresidenta Cristina Kirchner sumó un capítulo determinante en los tribunales de Comodoro Py. La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social desestimó el planteo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que buscaba revertir el fallo previo que ordenaba restituir la pensión por viudez derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner. Con esta resolución, la justicia previsional ratifica que el organismo estatal no puede dar de baja dicha prestación de forma arbitraria, dejando al Poder Ejecutivo con una única vía de apelación posible.
El conflicto se originó a finales de 2024, cuando la gestión de Sandra Pettovello decidió, mediante una resolución administrativa, cancelar tanto la jubilación presidencial de la exmandataria como su pensión de viudez. El argumento oficial se basó en la confirmación de la condena en la causa Vialidad, sosteniendo que la naturaleza de tales beneficios exige una conducta de "honor" que se vería anulada ante una sentencia penal. Sin embargo, los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo sostuvieron un criterio diferenciado al analizar ambos beneficios, marcando una distinción técnica entre la asignación por el cargo propio y la derivada de su cónyuge fallecido.
En sus fundamentos, el tribunal consideró que, si bien la condena habilita la suspensión de la jubilación correspondiente a su rol como Presidenta de la Nación, no ocurre lo mismo con la pensión vinculada a Néstor Kirchner. Los magistrados señalaron que el argumento de "falta de honor" utilizado por la ANSES para eliminar ambas prestaciones de forma conjunta fue incorrecto desde el punto de vista del derecho previsional vigente. Para la Cámara, el derecho alimentario y la naturaleza de la pensión por fallecimiento exigen un tratamiento que la administración pública omitió al dictar la baja total de los haberes.





