Procesaron a Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y cobro de sobornos

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y por su presunto rol como uno de los jefes de una asociación ilícita que habría operado dentro del organismo durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei.

Según el fallo, la Andis fue "cooptada y empleada como vía de enriquecimiento" por funcionarios y empresarios, en perjuicio de su finalidad pública vinculada a la protección de personas con discapacidad. En total, el magistrado procesó a 19 personas, entre exfuncionarios, empleados del organismo y privados, y dispuso el embargo de sus bienes. El embargo más elevado recayó sobre Spagnuolo, por más de 202 mil millones de pesos.

De acuerdo a la investigación, Spagnuolo habría actuado en coordinación con otros presuntos jefes de la organización, entre ellos Daniel Garbellini, exnúmero dos de la Andis, y los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, vinculados al sector de droguerías. El juez sostuvo que estos últimos habrían direccionado licitaciones y pagos irregulares desde fuera del organismo, a través de funcionarios que infiltraron en la agencia, generando un esquema de sobreprecios y sobornos.

El fallo da por acreditado que Calvete pagaba coimas a funcionarios a cambio de manipular contrataciones estatales. En el caso de Spagnuolo, se indicó que habría recibido cinco millones de pesos en efectivo en junio del año pasado y que además le habrían cancelado deudas personales con una mueblería, con pagos que sumaron 9.970.000 pesos, realizados por una firma vinculada a Calvete. También se mencionaron obras en su vivienda por unos 55 mil dólares, gastos que, según el juez, no se condicen con sus ingresos declarados.

Casanello consideró probado que al menos otros dos funcionarios, Lorena Di Giorno y Eduardo González, también habrían cobrado sobornos para intervenir en las contrataciones. Además, destacó que el gasto de la Andis se incrementó de manera extraordinaria durante la gestión de Spagnuolo y citó auditorías oficiales que detectaron sobreprecios de hasta el 838%, e incluso un caso que superó el 1900%.

La investigación se inició en agosto pasado a partir de una denuncia basada en publicaciones periodísticas. Si bien la causa se hizo pública por la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se mencionaban presuntas referencias políticas, el juez aclaró que esos registros no fueron utilizados como prueba en el procesamiento.

En su resolución, Casanello advirtió que el esquema delictivo podría no estar agotado y señaló la existencia de indicios que sugieren "otro nivel de complicidades", por lo que la investigación continuará para determinar nuevas responsabilidades. Los procesamientos dictados son de primera instancia y se prevé que sean apelados ante la Cámara Federal.