Reglamentaron el nuevo régimen para impulsar inversiones en pymes

El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta incluida en la Reforma Laboral que apunta a fomentar la inversión y la generación de empleo en el sector de las pequeñas y medianas empresas.

La medida fue oficializada mediante el decreto 242, publicado en el Boletín Oficial, donde se establecen las condiciones para que empresas locales y extranjeras accedan a beneficios fiscales si realizan inversiones en áreas estratégicas durante los próximos dos años.

El objetivo del programa es impulsar inversiones de mediana escala, fortalecer las cadenas de valor, mejorar la competitividad y promover el crecimiento sostenido de los sectores productivos.

El régimen está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas -hasta tramo 2- y también a entidades sin fines de lucro registradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberán acreditar su condición al momento de iniciar la inversión.

En cuanto a los montos, la normativa fija mínimos diferenciados según el tamaño de la empresa: desde US$150.000 para microempresas, US$600.000 para pequeñas, US$3,5 millones para medianas tramo 1 y US$9 millones para tramo 2, con un tope de hasta US$30 millones.

El plan contempla beneficios fiscales como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias durante dos años, lo que -según destacaron desde el Ministerio de Economía- representa "un incentivo de alto impacto para mejorar el flujo de caja y la solvencia financiera de las empresas".

Las inversiones deberán destinarse a bienes de capital, tecnología, infraestructura y eficiencia energética, incluyendo equipamiento para energías renovables. También se contemplan sistemas de riego, telecomunicaciones y bienes productivos específicos. En cambio, quedan excluidos los activos financieros y la compra de automóviles.

Para acceder a los beneficios, las empresas deberán cumplir con los requisitos establecidos, como no registrar deudas exigibles y acreditar que las inversiones están vinculadas a la generación de rentas gravadas.

El decreto también establece que ARCA y las secretarías de Agricultura y Energía deberán dictar normas complementarias en un plazo de 30 días para permitir la implementación efectiva del régimen. Mientras tanto, especialistas advierten que aún no puede aplicarse de manera formal hasta que se completen esas reglamentaciones.