Río Negro declaró la emergencia hídrica, pero ya tenía firmado un acuerdo que le asegura el agua a YPF por 30 años

Hay una imagen que resume lo que está pasando en la Patagonia rionegrina mejor que cualquier estadística. Es la de los acueductos Los Berros y La Ventana: dos caños de asbesto cemento construidos en los años 70, que recorren más de cien kilómetros desde las vertientes de la meseta de Somuncurá hasta la costa atlántica, atravesando una estepa que se seca cada verano un poco más que el anterior. Durante décadas, esos caños fueron la única línea de vida de Sierra Grande y Playas Doradas. Hoy, deben sostener algo más: el agua para la terminal petrolera más ambiciosa que la Argentina haya construido en décadas.

El 20 de enero de 2026, el gobernador Alberto Weretilneck firmó el Decreto 40, declarando la emergencia hídrica por 180 días en siete departamentos de la provincia. Su artículo 2° no deja margen a la interpretación: establece como "uso prioritario y excluyente del recurso hídrico" al destinado al consumo humano, el saneamiento básico, la salud pública y el control de incendios, debiendo "subordinarse a dichas prioridades los restantes usos mientras dure la emergencia hídrica declarada".

Lo que ese decreto no decía -y el gobierno no comunicó- es que para entonces ya existía un acuerdo firmado con el consorcio VMOS, el vehículo societario creado para operar el Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y la terminal de Punta Colorada, que establecía condiciones de estabilidad regulatoria por 30 años. Un contrato que, en la práctica, hace que la emergencia hídrica sea una carga que recae sobre ciudadanos y productores, pero no sobre la industria petrolera.

No es una coincidencia de fechas. Es una asimetría de diseño.

Una provincia que se seca

Para entender el peso real de la emergencia hay que conocer el territorio. Somuncurá no es solo un nombre en el mapa. Es la meseta más alta de la Patagonia extraandina, una de las pocas reservas de agua dulce subterránea de la región, y el lugar donde nacen los arroyos que, desde hace cincuenta años, le dan de beber a la costa atlántica sur de Río Negro.

La emergencia hídrica declarada el 20 de enero rige en los departamentos de Bariloche, Ñorquinco, Pilcaniyeu, 25 de Mayo, 9 de Julio, El Cuy y Valcheta, por 180 días. Valcheta es la puerta de entrada a Somuncurá. Es también la cabecera del sistema hídrico que abastece a Sierra Grande y, por extensión, a Punta Colorada.

La medida se fundamenta en un informe técnico de la Intendencia General de Recursos Hídricos que da cuenta de un déficit persistente de precipitaciones pluviales y níveas durante 2025, acompañado de temperaturas superiores a los valores históricos. Los indicadores muestran precipitaciones acumuladas significativamente inferiores a los promedios históricos, un marcado déficit en la acumulación nival y una disminución sostenida de niveles y caudales en las cuencas. No es un evento aislado ni una mala temporada. Es una tendencia que los propios técnicos del DPA vienen monitoreando con preocupación creciente.

En ese contexto, la provincia decidió que el agua tiene dos categorías de usuarios: los que deben adaptarse a la escasez, y los que tienen un contrato que los protege de ella.

El acueducto que une la meseta con el negocio del siglo

El Departamento Provincial de Aguas tiene a su cargo el mantenimiento de los acueductos Los Berros y La Ventana, que proveen de agua a Sierra Grande, Playas Doradas y Punta Colorada. Ambos nacen en las vertientes del faldeo de la meseta de Somuncurá, mediante cañerías de asbesto cemento de entre 98 y 118 kilómetros de longitud. Fueron construidos en la década del 70 con el objetivo principal de abastecer el complejo minero, mientras paralelamente crecía la población de Sierra Grande.

Esos caños tienen medio siglo. Han roto en múltiples ocasiones, obligando a cortes que se midieron en semanas. La solución de emergencia en los peores momentos fue habilitar agua de cisternas industriales. El sistema es viejo, frágil y dependiente de una fuente -Somuncurá- que está en la zona más afectada por la sequía.

En noviembre de 2025, el DPA avanzaba en el recambio de cañerías en el tramo Los Berros-Sierra Grande, reemplazando aproximadamente 2,5 kilómetros de tubería. En paralelo, trabajaba junto al municipio en la definición de un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable, financiado con fondos del Banco de Desarrollo de América Latina. Obras necesarias y bienvenidas, que llegan en el mismo momento en que ese sistema debe empezar a sostener una de las obras más grandes de la historia energética argentina.

La terminal de exportación de petróleo de Punta Colorada es el destino final del Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que conectará la cuenca neuquina con el Atlántico a través de 437 kilómetros. El proyecto tiene una inversión de 3.000 millones de dólares. En Punta Colorada se construyen seis tanques de 120.000 metros cúbicos de almacenamiento. A comienzos de 2026 registraba un avance del 51%, con inauguración prevista para diciembre. Una obra de esa magnitud no funciona sin agua. Y el agua disponible en esa zona viene del mismo sistema que el DPA administra con cuentagotas para los vecinos de Sierra Grande.

El blindaje que antecede a la emergencia

El corazón del problema está en la cronología y en la arquitectura legal que rodea al proyecto. El consorcio VMOS -integrado por YPF, Vista, Pampa Energía, Chevron, Shell, Pluspetrol entre otras- opera bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI. VMOS fue el primer proyecto de hidrocarburos en adherirse a ese esquema, que brinda estabilidad jurídica a los inversores por el período que dure el proyecto.

El acuerdo entre la provincia de Río Negro y el consorcio VMOS fue firmado en mayo de 2025, meses antes de que la sequía se agravara y mucho antes de que Weretilneck firmara el decreto de emergencia de enero de 2026. Ese acuerdo establece condiciones de estabilidad regulatoria por 30 años e incluye, según información oficial, el pago de cánones por uso de infraestructura pública provincial, entre la cual se cuenta la infraestructura hídrica.

Esto significa que cuando el gobernador firmó la emergencia en enero, no estaba en condiciones reales de aplicarla de manera igualitaria. El RIGI es una ley nacional. El decreto de emergencia hídrica es una norma provincial de rango inferior. Si el DPA intentara restringirle el agua a la terminal invocando la emergencia, la empresa podría alegar violación del marco de estabilidad regulatoria, exponiendo a la provincia a demandas millonarias en foros arbitrales internacionales.

El Estado provincial, en la práctica, le ató las manos a su propio organismo de aguas antes de declarar la emergencia. Y nunca lo dijo.

Las cláusulas específicas sobre el agua en esos acuerdos -los volúmenes garantizados, las condiciones de corte, la existencia o ausencia de excepciones por emergencia climática- no están disponibles para el escrutinio público. Ninguno de los contratos ha sido publicado íntegramente. Los ciudadanos de Río Negro, que son en última instancia los dueños del recurso que se regula, no tienen acceso a lo que su gobierno pactó en su nombre.

Lo que el decreto le exige al ciudadano

En el marco de la emergencia, el Superintendente General de Aguas, Gastón Renda, dispuso el reordenamiento y eventual restricción de usos de agua no prioritarios, el establecimiento de turnos de riego y reducción de dotaciones en los departamentos afectados, y la intensificación del monitoreo e inspección del uso del agua. Esas medidas pesan sobre productores rurales, crianceros de la meseta y vecinos de pueblos que ya saben lo que es abrir una canilla y esperar.

No hay registro público de que alguna restricción equivalente haya sido aplicada o siquiera considerada para las obras del consorcio en la zona de Punta Colorada, que avanza a pleno ritmo hacia su inauguración de diciembre.

La declaración de emergencia hídrica sí tuvo consecuencias concretas en otros lugares. Según informó el medio El Cohete a la Luna, fue utilizada como argumento para el cierre de la Escuela 152 de Cerro Alto, a la que asistían cuatro niños: "No hay agua por la emergencia hídrica, entonces cerramos la escuela", habría anunciado una funcionaria del área de educación.

La imagen es difícil de ignorar: una escuela rural cerrada por falta de agua. Una terminal petrolera construyéndose a plena marcha con acceso al recurso garantizado por contrato. En la misma provincia. En los mismos meses.

El modelo que Río Negro eligió

Lo que está ocurriendo en la Patagonia rionegrina no es un accidente administrativo ni un desajuste de timing. Es el resultado lógico de un modelo de desarrollo que el propio gobernador Weretilneck ha celebrado sin reservas. "Sin el RIGI esto jamás se hubiera puesto en marcha", dijo el mandatario durante una visita a las obras del oleoducto. Tiene razón. Sin la garantía de que ninguna norma provincial podrá afectar las condiciones pactadas con las empresas, la inversión no habría llegado. Eso es exactamente lo que el RIGI ofrece: certeza para el capital, incertidumbre para el territorio.

Nadie discute que el oleoducto y la terminal generan empleo real, divisas reales y una transformación económica que la costa rionegrina no había visto en décadas. Pero hay una pregunta que ese entusiasmo no puede silenciar indefinidamente: cuando la sequía empeore -como los propios técnicos del DPA advierten que ocurrirá- ¿quién cede primero? ¿El criancero de Valcheta que necesita agua para su hacienda? ¿El vecino de Sierra Grande que abre la canilla y espera? ¿O la terminal de Punta Colorada, protegida por un contrato que el Estado provincial firmó antes de declarar la emergencia, y cuya letra chica nadie conoce?

Los documentos públicos ya tienen una respuesta implícita. Solo falta que alguien en el gobierno la diga en voz alta.

Fuentes: Decreto Provincial 40/2026 (Emergencia Hídrica); Acuerdo Río Negro-VMOS (mayo de 2025); Acta Acuerdo YPF-Río Negro del 23/01/2026 (Argentina LNG); comunicados oficiales del DPA sobre los acueductos Los Berros y La Ventana; sitio oficial VMOS S.A.; El Cohete a la Luna.