Tapia pidió anular su indagatoria en la causa por la presunta evasión millonaria

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, pidió la nulidad del llamado a indagatoria en la causa en la que se investiga la presunta evasión de más de $19.000 millones.

Según se informó, el planteo fue presentado este viernes por sus abogados, quienes sostienen que ya existen escritos ingresados ante la Cámara en los que argumentan que no hubo delito y que la deuda fue cancelada. Con esos fundamentos solicitaron que se declare nula la citación dispuesta por el juez Diego Amarante.

La convocatoria a indagatoria fue ordenada en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones. Además de Tapia, fueron citados el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes vinculados a la conducción de la entidad.

El cronograma fijado establecía que Tapia debía presentarse el jueves 5 de marzo, mientras que al día siguiente estaba prevista la indagatoria de Toviggino, aunque esta última fue postergada.

En la resolución, el magistrado también dispuso la prohibición de salida del país para los imputados. En ese contexto, Tapia solicitó autorización para viajar al exterior durante tres días para asistir a un partido de la Conmebol en Brasil y a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol. El juez habilitó el viaje, aunque fijó una caución real de 5 millones de pesos como garantía para suspender de manera temporal la restricción.

La causa se originó a partir de una denuncia de ARCA por retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos bajo análisis abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 e incluyen retenciones en concepto de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales.

Según la presentación inicial del organismo, el monto no ingresado ascendía a $7.593.903.512,23 y en una ampliación posterior se agregaron otros $11.759.643.331,62, por lo que el total investigado supera los $19.300 millones.

ARCA sostuvo que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención y señaló que "los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos".

El organismo también afirmó que, desde el punto de vista subjetivo, el delito "se consuma con dolo", entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo. En esa línea, indicó que la entidad "conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando sin embargo por omitirlo".

Para fundamentar el llamado a indagatoria, el juez valoró un informe técnico sobre el movimiento de fondos de la asociación. De acuerdo con ese documento, en diciembre de 2024 se registraron acreditaciones por más de $45.072 millones y durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones. Además, en 2024 y 2025 se constituyeron varios plazos fijos en pesos y en dólares.

Entre las pruebas incorporadas figuran informes bancarios sobre acreditaciones en cuentas de la AFA y la constitución de depósitos a plazo. También se consideró la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la entidad, quien explicó que las tres autoridades principales son el Presidente, el Secretario y el Tesorero, quienes firman los estados contables.

"Todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar", declaró.

La figura penal en análisis prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por cada mes.