Una directora fantasma y $12 millones en sueldos: la trama detrás de un polémico nombramiento de Pettovello

Mientras el Ministerio de Capital Humano acumula más de 2.000 despidos y 800 agentes en disponibilidad, una designación firmada por Sandra Pettovello reaviva el escándalo. Se trata del nombramiento retroactivo de María Emilia Álvarez como directora nacional de Emergencias, una dependencia que la propia ministra cerró en febrero de este año.

La resolución oficial -firmada meses después de que se disolviera el área- habilita el pago de 12 millones de pesos a una funcionaria que nunca se presentó en su lugar de trabajo, no tiene usuario en el sistema GDE (imprescindible para realizar tareas administrativas en el Estado) y fue beneficiaria de asistencia social y una vivienda municipal en Trenque Lauquen hasta fines de 2023.

Además, Álvarez no reúne los requisitos legales para ocupar el cargo, según admite la misma resolución, que autoriza de manera excepcional el pago del plus salarial correspondiente a la función ejecutiva. Su sueldo mensual ascendió a unos 2,4 millones de pesos, a pesar de no tener título universitario ni experiencia en la gestión pública.

La medida generó rechazo entre los trabajadores del Ministerio. "Todo el tiempo se designa gente que no aparece. ¿Qué hacen? ¿Qué están cobrando?", expresó una referente de ATE en el área de Desarrollo Social. La delegada gremial Ingrid Manfred confirmó que durante el tiempo en el que Álvarez supuestamente ejercía su función, la dirección estuvo acéfala: "Jamás se presentó ante el equipo, ni hubo órdenes, ni interlocución. La oficina quedó paralizada".

La historia de esta funcionaria "fantasma" expone una contradicción brutal con el discurso de austeridad del gobierno y el ajuste llevado adelante en nombre del déficit cero. Mientras miles de trabajadores fueron despedidos, sin explicaciones ni reubicación, se autorizan sueldos millonarios para cargos eliminados y sin función alguna.

En su localidad, María Emilia Álvarez recibió una ayuda económica de subsistencia en diciembre de 2023. Apenas unos meses después, aparecía designada como alta funcionaria nacional con un salario privilegiado.

El Estado nacional terminará pagando 12 millones de pesos por un cargo que ya no existe y que nadie ejerció, publicó P12.