Diez trabajadores rurales explotados en Salta recibirán una millonaria indemnización

Diez trabajadores rurales del sur de Salta que en noviembre de 2023 fueron víctimas de explotación laboral, recibieron un millón y medio de pesos cada uno en concepto de reparación de daños. Este resarcimiento se concretó gracias a un acuerdo de conciliación gestionado por el fiscal Ricardo Toranzos y el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta. Los pagos por parte del imputado ya fueron efectuados y el acuerdo fue homologado el pasado 5 de mayo por el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio. En el proceso también participaron el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, y la defensa oficial, que representó al acusado, Ángel Gustavo Enríquez.

El caso

El hecho que dio origen a este acuerdo surgió de un operativo de inspección realizado el 9 de noviembre de 2023 en la finca "Suri Blanco", ubicada en la localidad de Joaquín V. González, en el sur de la provincia. La inspección fue llevada a cabo por personal de la División de Fiscalización de Seguridad Social de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía de Salta y el Gabinete de Asistencia a la Víctima del gobierno provincial.

Al llegar a la finca, los inspectores hallaron a diez trabajadores rurales realizando tareas de desmonte en condiciones sumamente precarias. En el lugar, además de un alambrado perimetral, encontraron una casilla tipo tráiler con cuchetas. Los obreros revelaron que fueron contratados por Enríquez y que no se les proporcionaba ni ropa adecuada ni herramientas, viéndose obligados a usar sus propios picos, palas, hachas y machetes.

Las condiciones de trabajo también carecían de provisión de agua potable segura y de higiene apropiada. Ante cualquier emergencia, los trabajadores tenían la orden de comunicarse con Enríquez para ser trasladados a Joaquín V. González. Según sus testimonios, el contratante también se encargaba de recogerlos en Las Lajitas para llevarlos a la finca, donde permanecían durante 15 días, y luego los buscaba para el retorno.

Los trabajadores explicaron que el pago acordado por la tarea de desmonte era de $100.000 por quincena, con un descuento de $30.000 en concepto de alimentos, los cuales eran provistos por el mismo empleador.

Ante la situación de precariedad y lo declarado por los obreros, intervino el Gabinete de Asistencia a la Víctima y la fiscalía inició las actuaciones preliminares. El fiscal Toranzos formalizó la imputación penal contra Enríquez el 5 de noviembre de 2024, por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en la modalidad de captación y traslado, en grado de autor, un delito que prevé una pena de entre 4 y 8 años de prisión.