La Justicia mantuvo la suspensión de juicio para el acusado por certificados truchos y deberá pagar más de $5 millones

El juez Fabio Monti rechazó el pedido de nulidad presentado por el intendente de Gaiman, Darío James, y confirmó la suspensión de juicio a prueba otorgada a Diego Soto Payva en la causa por certificaciones truchas para licencias de conducir.

La resolución fue notificada a las partes interesadas luego de una audiencia realizada el pasado 20 de mayo, en la que participaron representantes del Ministerio Público Fiscal, la defensa del imputado y el municipio de Gaiman.

El planteo impulsado por el intendente, con patrocinio del abogado Víctor Bezunartea, buscaba declarar nula la audiencia del 4 de mayo en la que se había concedido la probation al acusado.

Sin embargo, el magistrado consideró que el municipio no acreditó durante el proceso un interés especial que le permitiera actuar formalmente como víctima dentro de la causa.

En la resolución, Monti señaló que la Municipalidad de Gaiman nunca solicitó ese reconocimiento durante la etapa preparatoria de la investigación y que recién lo hizo después de otorgada la suspensión de juicio a prueba.

Además, sostuvo que tampoco se acreditó un perjuicio económico concreto derivado de las conductas investigadas.

El juez también rechazó los cuestionamientos realizados por el asesor legal del municipio respecto a la calificación jurídica elegida por la Fiscalía.

Según indicó, para impulsar una teoría del caso distinta o sostener otra figura penal, el municipio debía haberse constituido previamente como querellante autónomo, algo que no ocurrió.

Por otra parte, Monti descartó sospechas planteadas sobre un supuesto vínculo entre el imputado y autoridades de la institución beneficiaria de la donación acordada en la probation.

Esa situación, indicó, quedó aclarada durante la audiencia a partir del testimonio brindado por la directora del Hogar Pedro Déttori.

De esta manera, Soto Payva deberá cumplir con las condiciones impuestas en la suspensión de juicio a prueba.

Entre ellas, realizar un aporte económico de 5.495.000 pesos al Hogar Pedro Déttori, monto que será abonado en una cuota inicial de 920 mil pesos y otras cinco cuotas de 915 mil pesos.

Además, deberá presentarse cada cuatro meses durante un año ante la Oficina Judicial para registrar firma y cumplir determinadas reglas de conducta.

La causa investiga presuntas irregularidades vinculadas a certificaciones para licencias de conducir y está encuadrada bajo los delitos de falsedad ideológica de instrumento público y falsedad material de instrumento privado en modalidad continuada.