"Me salís más barata muerta": la escalofriante denuncia por violencia de género contra el ex titular del Servicio Penitenciario Federal

 "Puedo mandar a alguien de Inteligencia a que te pegue tres tiros". La frase, que parece extraída de un thriller policial, forma parte de la cruda realidad que denunció la ex pareja de Emiliano Blanco, ex director del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El ex funcionario, que ya estuvo bajo la lupa por espionaje ilegal y por permitir el uso de celulares a presos, enfrenta hoy una gravísima causa judicial que incluye violencia física, psicológica, económica y sexual.

Un infierno puertas adentro

La causa, impulsada por el abogado Rodrigo Tripolone, detalla un calvario que habría comenzado al inicio de la relación. Según el informe interdisciplinario de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, el caso se encuadra en un "nivel de riesgo alto".

La denunciante relató episodios de extrema perversión: una noche, Blanco habría forzado la puerta del cuarto donde ella dormía con su hijo de 3 años para exhibir sus genitales e intentar abusar de ella. "Tan borracho estaba que me lo quité de encima a los gritos", declaró la mujer, quien además explicó que no podía abandonar el hogar porque el acusado boicoteaba sus trabajos para mantener un control total sobre sus movimientos.

El factor "Inteligencia" y el miedo a un "suicidio"

Lo que distingue este caso de otros hechos de violencia doméstica es el presunto uso de recursos del Estado para el amedrentamiento. Blanco habría utilizado sus contactos en los servicios de inteligencia para perseguir a su ex pareja.

"Tengo miedo por mi vida. Sabe cómo operar en las sombras. Un accidente, un robo o aparecer 'suicidada'. Cualquier cosa puede ser una coartada perfecta", confesó la víctima en diálogo con la agencia NA.

Incluso su hija de 13 años habría encontrado en la tablet de su padre fotos de su madre con su actual pareja, lo que sugiere una tarea de seguimiento ilegal. "Mami, me da asco. Tiene fotos tuyas, pudo haber investigado cualquier cosa", le escribió la menor a su madre en un mensaje que ya consta en el expediente.

Justicia bajo sospecha

A pesar de que el Juzgado Civil 87 dictó una restricción perimetral de 300 metros, el entorno de la víctima denuncia una "parálisis" judicial. La defensa solicitó de manera urgente una Cámara Gesell para la hija adolescente, testigo directo de las agresiones y del hallazgo de "bolsas repletas de dólares" en la vivienda, pero la medida aún no fue autorizada.

"La violencia de género se vuelve institucional cuando la Justicia se convierte en un terreno hostil para quienes denunciamos", sentenció la mujer. Mientras la causa parece estancarse en los escritorios de tribunales, la denunciante y sus hijos viven bajo la sombra de un hombre que, tras años de gestionar el sistema carcelario argentino, conoce mejor que nadie cómo funcionan los pliegues de la ley y el poder.