Murió en prisión una mujer condenada por asesinar a un bebé: sus compañeras denuncian falta de atención médica

La Justicia ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Graciela Margarita Pariente, una interna de 44 años alojada en el Complejo Penitenciario de Delfín Gallo. Pariente, quien cumplía una condena de seis años y seis meses por abandono de persona agravado (tras la muerte de un bebé bajo su cuidado), falleció durante la madrugada del pasado viernes en un hospital local.

El caso está envuelto en una fuerte controversia debido a las declaraciones de familiares y compañeras de prisión. Según sus testimonios, Pariente, quien padecía diabetes, problemas de tiroides e hipertensión, habría manifestado un deterioro en su salud desde el martes previo a su deceso y, en la madrugada del viernes, habría solicitado ayuda médica de manera "desesperada" sin obtener una respuesta inmediata.

Allegados señalaron que, desde su traslado a Delfín Gallo en diciembre de 2024, Pariente había solicitado, a través de la Defensoría Oficial, diversos controles médicos debido a su cuadro de salud preexistente.

Desde el Servicio Penitenciario y el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Sebastián Tula, se refutó la versión de la desatención. Tula aseguró que Pariente no falleció dentro del penal, sino en el Hospital Eva Perón, a donde fue trasladada por personal penitenciario mientras se le practicaban maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Según la versión oficial, la interna padecía enfermedades cardíacas previas y había recibido atención médica en el Hospital Padilla días antes de su fallecimiento.

Por orden judicial, se llevó a cabo la autopsia correspondiente. Los resultados forenses confirmaron que la causa de muerte de Graciela Pariente fue un infarto agudo de miocardio, descartándose la presencia de lesiones externas.

A pesar del resultado de la autopsia, la polémica persiste. Tanto familiares como el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura han alzado la voz, cuestionando la calidad y la oportunidad de la atención médica brindada en el contexto carcelario. Subrayan que el Estado tiene una responsabilidad ineludible en la custodia y el cuidado de la salud de las personas privadas de libertad.