¿A dónde está la libertad?

La plaza de mayo igualmente estará llena de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y en rechazo al claro avance de la justicia sobre la vida política y democrática de los argentinos, pero el gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar que muchos militantes lleguen a Buenos Aires.

En las rutas de todo el país se realizaron controles en los micros que estaban en viaje hacia la plaza de mayo. Muchos de ellos fueron revisados en varios retenes, en los que el personal de Gendarmería pidió documentos, preguntó sobre la pertenencia ideológica de los pasajeros, y revisó pertenencias. Una y otra vez.

Los controles, propios de una dictadura más que de un gobierno democrático, se hicieron en base a la modificación del estatuto de la Policía Federal que, en sintonía a la condena y a la marcha, aceleró la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien obviamente contó con el aval del presidente Javier Milei, que no tuvo problema alguno en firmar un nuevo Decreto a espaldas de las leyes vigentes y del Congreso de la Nación.

El presidente presentó ayer personalmente el cambio, que vendió como una panacea, y reconoció que fue inspirado en las fuerzas de Israel e Estados Unidos. Incluso se intentó ponerle el nombre FBI argentino pero finalmente, escasos de ideas y siempre al borde del plagio, le pusieron Departamento Federal de Investigaciones -DFI-.

Más allá del nombre, lo peligroso es lo que ahora en base a ese decreto están autorizados los efectivos de la DFI que igualmente, en contraposición de la Ley, ayer se amplió al resto de las fuerzas que, como Gendarmería, requisaron micros e interrogaron a pasajeros.

Detenciones sin orden judicial, requisas y patrullajes por redes

A partir del Decreto, el DFI puede realizar detenciones sin orden judicial, algo que ya irregularmente se venía haciendo, inspeccionar y requisar vehículos y también "patrullar" redes sociales.

Una vez más y como es habitual, en las presentaciones el presidente Milei y su ministra Bullrich fundamentan una cosa pero en la práctica hacen otra porque ayer se habló de un DFI abocado a "desarticular organizaciones criminales" y se habló de narcos y terroristas pero en los hechos están controlando y persiguiendo a militantes políticos, periodistas, y a todo aquel que piensa distinto al gobierno nacional.

En realidad toda esta inteligencia ilegal ya se hacía pero ahora se pensó en este nuevo ordenamiento porque el gobierno ya se dio cuenta que perdió la calle y que la protesta contra su política de ajuste se está ampliando. En consecuencia se necesita generar más miedo, control y hostigamiento. No importa si esto es ilegal, inconstitucional y arbitrario, todo puede hacerse en nombre "de la defensa de la Libertad".

El bautismo de este nuevo esquema de control interno se desplegó ayer en las rutas de todo el país, a las que volvieron los retenes que funcionaron durante la dictadura. El problema es que ahora se habilitaron y reprodujeron durante un gobierno electo de manera democrática pero cada vez más autoritario y autocrático.

La plaza seguramente estará llena pero, pese a la reacción popular, cada vez nos vamos alejando más de los valores y estándares democráticos, tanto que parece que ya nos tenemos que conformar con "festejar" una prisión domiciliaria a partir de un fallo típico de lo que se conoce como "lawfare", que básicamente es cuando las Cortes de cada país, como lo hicieron en Brasil, en Ecuador y ahora en Argentina resuelven con sentencias y condenas sin fundamentos y pruebas, lo que antes se hacía a través de golpes de Estado.