¿De qué depende el éxito de la Empresa de Energía de Chubut?

La Legislatura de Chubut aprobó por amplia mayoría la creación de la Empresa Provincial de Energía de Chubut (EPECh S.A.), un nuevo ente público-privado que tendrá a su cargo la gestión de toda la cadena energética en la provincia ¿Qué dice el proyecto aprobado? Y lo más importante: ¿qué condición se debe cumplir para que no quede solo en un cumulo de "buenas intenciones"?

Lo primero que hay que destacar es que la iniciativa fue respaldada tras incorporar modificaciones que el bloque de Arriba Chubut realizó para mantener una representación plural en su directorio.

La empresa se encargará de generar, transportar, almacenar, distribuir, industrializar y comercializar energía en todas sus formas. Esto incluye fuentes hidroeléctricas, térmicas, solares, eólicas, maremotrices, de hidrógeno, biomasa y geotérmicas. También deja una posibilidad abierta para incursionar en la minería, donde el uranio es el mineral más tentador para los actores privados.

Según los fundamentos del proyecto aprobado en la Legislatura, la propuesta buscará que Chubut intente recuperar el control sobre sus recursos energéticos: la provincia produce energía para 2,4 millones de habitantes, pero consume apenas el 10% y no recibe compensación adecuada por su aporte al sistema nacional.

Sin embargo, el proyecto impulsado por el Gobierno provincial tiene un asterisco muy grande sobre creación. Es que la empresa de energía puede ser una entelequia si no se produce la desregulación del mercado energético a nivel nacional. Es decir, la medida está sujeta a lo que decide la administración de Javier Milei sobre un sector de fibras sensibles en el entramado político económico del país.

Además, la EPECh administrará el nuevo Mercado Eléctrico Mayorista del Chubut (MEMCH), lo que permitirá fijar precios más justos, mejorar la calidad del servicio y fomentar el desarrollo energético local. Esta medida apunta a garantizar un suministro eficiente, sostenible y con participación ciudadana, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Una empresa mixta

La EPECh funcionará como una sociedad anónima, con un capital inicial de 1.000 millones de pesos. El 60% de las acciones estará en manos del Gobierno del Chubut, y el 40% restante podrá ser suscripto por actores privados mediante oferta pública.

El estatuto establece un directorio con cinco miembros titulares y tres suplentes. El Ejecutivo provincial propondrá dos titulares y un suplente. La primera minoría parlamentaria designará un titular y un suplente. Habrá un director representante de los trabajadores y un quinto integrante que surgirá de los accionistas privados.

En cuanto a la fiscalización, la comisión estará integrada por tres síndicos titulares y tres suplentes: uno por el Ejecutivo, uno por la oposición y otro por los accionistas restantes. El presidente del directorio será designado por el Ejecutivo con acuerdo legislativo, y el vicepresidente también surgirá del Ejecutivo.

La mirada puesta en las represas

Las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut mantienen una puja con el Gobierno nacional por el control de las represas hidroeléctricas. Uno de los objetivos de Torres es quedarse con la concesión de la central hidroeléctrica Futaleufú, que vence el 15 de junio de este año. En Fontana 50 confían que la Empresa de Energía de Chubut puede ser un ariete en la pelea que mantiene Nación con las provincias, pero es un objetivo difícil de cumplir.

Es que en Casa Rosada dejaron en claro que las represas serán licitadas y que si las provincias quieren quedarse con las concesiones deberán pagar más que los privados. En tanto, los Gobiernos provinciales siguen reclamando por el pago de regalías, el costo de la energía y pago de canon por uso del recurso dentro de la región antes de que se publiquen los pliegos de la licitación.

Una política energética integral

La ley sancionada no solo crea la empresa, sino que define una nueva Política Electro Energética Provincial. Esta incluye un Plan Estratégico plurianual que articula generación, transporte y distribución de energía, promoviendo la eficiencia, la transición energética y la equidad territorial. Además, se prevé un informe anual obligatorio sobre el estado de la infraestructura energética.

Uno de los pilares será el fomento a las energías renovables y tecnologías limpias, con incentivos a comunidades energéticamente eficientes y sistemas de almacenamiento, incluyendo el hidrógeno verde como vector energético clave. También se impulsarán la educación, la capacitación y la investigación aplicada en todo el ecosistema energético.

Asimismo, se fortalece el rol del Estado como regulador, fijando tarifas que prioricen la eficiencia operativa y la participación social. El ENRE establecerá los valores de referencia en las distribuidoras donde la Provincia actúe como poder concedente, e invita a los municipios a adherir al modelo.

Además, la empresa podrá asociarse con actores públicos y privados, firmar convenios con organismos nacionales e internacionales, y emitir acciones Clase B en la Bolsa. De este modo, se abre una vía concreta para atraer inversiones y modernizar la infraestructura energética con un enfoque federal y sustentable.