Adorni contrató a un abogado para su defensa en medio de las causas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contrató al abogado penalista Matías Ledesma para encarar su defensa en el marco de las causas judiciales que lo involucran en Comodoro Py.

Adorni enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y por las circunstancias de un viaje a Punta del Este en un vuelo privado. En ese contexto, decidió sumar a su equipo legal a Ledesma, hijo del exjuez Guillermo Ledesma, quien integró el tribunal del Juicio a las Juntas.

La decisión de contar con representación legal había sido sugerida por el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. "Es un enorme expositor, brillante. Pero en causa propia es distinto. Es como los abogados: pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado", había señalado.

Las principales causas tramitan en el juzgado federal de Ariel Lijo. Una de ellas busca determinar si existieron irregularidades en el viaje familiar a Punta del Este, en particular por el rol del periodista Marcelo Grandio, quien habría abonado el vuelo privado.

En paralelo, se investiga la evolución patrimonial del funcionario bajo sospecha de posible enriquecimiento ilícito.

Además, existe una tercera causa vinculada a un traslado a Nueva York en el avión presidencial junto a su esposa, Bettina Angeletti. Este expediente está a cargo del juez Daniel Rafecas y la fiscal Alejandra Mangano. Desde el entorno del funcionario relativizan su impacto.

En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

La medida se dispuso tras conocerse que el inmueble fue escriturado por un valor de 230 mil dólares y que parte de los fondos habría provenido de un préstamo otorgado por dos mujeres. Una de ellas, jubilada, aseguró públicamente no tener vínculo con el funcionario.

La declaración de la escribana está prevista para el 8 de abril y forma parte de una serie de medidas de prueba orientadas a determinar el origen del dinero utilizado en distintas adquisiciones, entre ellas una propiedad en el country Indio Cua y otro departamento en la ciudad de Buenos Aires.