Advierten que el proyecto sobre "denuncias falsas" puede desalentar denuncias por abuso y violencia de género
La integrante del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Alejandra Tolosa, cuestionó el proyecto que busca agravar penas por falsas denuncias en contextos de violencia de género y abuso sexual y advirtió que podría generar más impunidad.
En diálogo con ABC Radio, planteó que la iniciativa tiene un trasfondo ideológico y no responde a una problemática comprobada.
"Este proyecto pretende agravar penas solo en denuncias por violencia de género y abuso sexual, cuando ese delito ya existe en el Código Penal", señaló.
Tolosa afirmó que no existen datos que justifiquen una reforma de ese tipo.
"No hay registros que muestren un fenómeno de falsas denuncias en estos casos. Incluso se habla de que no llegan ni al 1%", sostuvo.
Además, cuestionó discursos que intentan instalar la idea de denuncias fabricadas.
"Se mezclan teorías desacreditadas como el supuesto síndrome de alienación parental con un lobby que busca deslegitimar denuncias reales", advirtió.
La referente feminista remarcó que muchas causas no avanzan por dificultades probatorias, lo que no equivale a una denuncia falsa.
"Que la Justicia no logre probar un abuso no significa que la denuncia haya sido falsa", explicó.
También alertó sobre el efecto que podría tener la iniciativa en las víctimas.
"Claramente busca desalentar la denuncia y castigar a quienes denuncian", afirmó.
En ese sentido recordó que, según datos disponibles, gran parte de los hechos ni siquiera llegan a denunciarse.
"Se denuncia solo una parte de los abusos y violencias que ocurren, por todas las barreras que existen para acceder a la Justicia", sostuvo.
Tolosa además señaló que organismos internacionales ya expresaron preocupación por el proyecto.
"El comité de expertas de Naciones Unidas recomendó a la Argentina retirar el proyecto", indicó.
Sobre el escenario legislativo, planteó que hoy no estarían dados los votos para su aprobación.
"Aparentemente no estarían los votos que hace un tiempo sí estaban", señaló.
Para la referente, el debate excede lo penal y pone en discusión garantías básicas de acceso a derechos.
"Agregar el riesgo de una sanción penal a quien denuncia genera un efecto disuasivo y eso va en contra de las obligaciones del Estado", concluyó.
El proyecto genera fuerte rechazo de organizaciones feministas y de derechos humanos, que siguen de cerca su tratamiento en el Senado.