Amparo por el pasivo ambiental: pidieron informes a YPF, Nación y Chubut

La causa judicial que cuestiona el acuerdo vinculado con el pasivo ambiental de YPF en Chubut avanzó con el envío de oficios al Poder Ejecutivo Nacional, la empresa YPF y el Estado provincial. Así lo informó María Gimena Viviani, integrante de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, en diálogo con ABC Radio.

La abogada explicó que la acción de amparo es impulsada junto al vecino Jorge Espíndola y que las notificaciones forman parte del procedimiento para que las partes presenten sus informes y respondan a los planteos de la demanda.

"Son oficios que se libraron en el marco del expediente judicial", detalló. Según indicó, al momento de la entrevista todavía no se habían incorporado las respuestas, ya que estaban transcurriendo los plazos correspondientes.

Los plazos para responder

Viviani precisó que los oficios destinados a los organismos y la empresa en Buenos Aires fueron ingresados el 2 de noviembre.

"Se les dio un plazo de cinco días hábiles, más siete por la distancia porque es en Buenos Aires. O sea que serían doce días hábiles", explicó.

Respecto de la Provincia de Chubut, aclaró que no tenía presente la fecha exacta en que se había diligenciado el oficio, aunque estimó que había ocurrido entre el 2 y el 3 de noviembre. También señaló que el plazo es menor por tratarse de una notificación dentro de la misma provincia.

La Cámara Federal permitió que el expediente continuara

La abogada recordó que el amparo debió superar una discusión inicial sobre qué juzgado debía intervenir. Según relató, el juez federal de Rawson se declaró incompetente, una decisión que fue apelada por los demandantes.

"La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia se expidió por la competencia federal, o sea, revocó la resolución del juez de primera instancia", explicó.

Tras esa decisión, el expediente regresó al juzgado de origen y se ordenó el traslado de la demanda a través de los oficios.

Viviani sostuvo que la participación del Estado Nacional entre las partes citadas y la inclusión del área de Restinga Alí en el acuerdo cuestionado fueron argumentos del planteo a favor de la competencia federal.

Sobre ese sector, afirmó que comprende cerca de 560 pozos ubicados en el lecho submarino, una circunstancia que, según explicó, también fundamentaba la intervención de la Justicia Federal.

Buscan la nulidad del acuerdo

Durante la entrevista con ABC Radio, Viviani señaló que las discusiones formales sobre competencia suelen constituir obstáculos al inicio de las causas ambientales.

"Se restringe el acceso a la justicia por cuestiones ambientales", cuestionó, aunque manifestó expectativas por la continuidad del trámite.

"La finalidad es llegar a una sentencia que declare la nulidad de este acuerdo", afirmó.

La abogada consideró que una eventual resolución favorable podría constituir un antecedente tanto para la protección ambiental como para el cumplimiento de las obligaciones estatales.

En ese sentido, sostuvo que el reclamo se vincula con lo que los demandantes consideran incumplimientos de los deberes del Estado en materia ambiental. Desde su perspectiva, una sentencia favorable marcaría la necesidad de adoptar mayores recaudos antes de aprobar acuerdos de estas características.

"Sería un precedente importante en la delimitación y en la cuestión de cumplimiento de los deberes por parte del Estado", concluyó.