Caso Ángel: crece la polémica por Castillo y el Colegio de Abogados advirtió que no tiene matrícula para ejercer en Chubut
En medio del impacto público por el caso Ángel, el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia puso sobre la mesa un dato explosivo: Roberto Castillo, que llegó a la ciudad junto a su pareja Cinthia Fernández y durante toda la jornada recorrió medios hablando como abogado querellante del padre del nene, no tiene matrícula habilitante para ejercer en Chubut. Es decir, mientras ocupaba cámaras y micrófonos como una de las caras centrales del caso, no estaba en condiciones de firmar ni presentar escritos por sí mismo ante la Justicia provincial.
La definición fue planteada por Pedro Ferreira, presidente de la entidad, en declaraciones al programa Nunca Es Tarde, por Radio de Camioneros 90.3. Allí sostuvo que la normativa provincial es clara: para intervenir formalmente en causas judiciales dentro de Chubut es necesario estar matriculado en alguno de los colegios de abogados de la provincia. Y, según indicó, Castillo no cumple con ese requisito.
El señalamiento no quedó solo en la palabra del Colegio. El propio Castillo, al hablar públicamente sobre el avance de la causa, reconoció que la querella está constituida con abogados de la matrícula de Comodoro Rivadavia. La frase, lejos de ser menor, termina reforzando la observación institucional: la intervención formal dentro del expediente se canaliza a través de profesionales habilitados en la provincia, no por medio de Castillo actuando de manera directa.
Eso abre una discusión que va más allá de lo estrictamente técnico. Porque Castillo no se mostró como un actor secundario ni como un simple acompañante. Desde que llegó a Comodoro asumió un papel protagónico, habló ante cámaras y micrófonos en nombre de la familia, cuestionó decisiones judiciales, adelantó medidas, hizo valoraciones sobre los acusados y se ubicó públicamente en el centro de la escena. Pero ese despliegue mediático no parece tener el mismo correlato en el plano procesal.
Desde el Colegio evitaron un choque frontal y no negaron que pueda acompañar a la familia o participar en determinadas instancias junto a otros letrados. Sin embargo, el planteo de fondo quedó expuesto: presentarse públicamente como representante en una jurisdicción donde no se tiene matrícula, como mínimo, coloca su actuación en una zona discutible.
Al mismo tiempo, la entidad también puso el foco en otro aspecto delicado del caso: la exposición pública de jueces y funcionarios judiciales. Ferreira advirtió que en medio del dolor y la conmoción social faltó mesura, y cuestionó la circulación de imágenes, videos editados y publicaciones que derivaron en escraches y señalamientos reiterados en redes sociales y algunos medios. Según remarcó, existen canales institucionales para denunciar irregularidades y es allí donde deben discutirse las responsabilidades.
En ese marco, la advertencia sobre Castillo cobra todavía más peso. No se trata solamente de una observación administrativa ni de una formalidad burocrática. Se trata de determinar quién puede intervenir realmente en una causa judicial de alto impacto, con qué facultades y bajo qué reglas. Y también de distinguir entre el rol jurídico efectivo y la construcción pública de una figura que, más allá de su visibilidad, no tendría habilitación local para actuar por sí sola ante los tribunales chubutenses.
En ese contexto, la discusión ya no pasa solo por lo que dice Castillo, sino por el lugar desde el que lo dice: mucho micrófono, mucha cámara, pero sin habilitación local para actuar por sí mismo en el expediente.