Causa ANDIS: 35 imputados deberán declarar por presunta corrupción con fondos para discapacidad

La Justicia federal iniciará este martes una nueva ronda de indagatorias en la causa ANDIS, una investigación por presunta corrupción con fondos públicos destinados a personas con discapacidad.

 En total, 35 imputados deberán pasar por los tribunales de Comodoro Py hasta fines de mayo. 

El primero en presentarse será Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien fue citado para ampliar su declaración ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. Spagnuolo ya se encuentra procesado en el expediente, al igual que otros acusados.Después será el turno de Daniel María Garbellini, ex segundo de Spagnuolo en el organismo. 

También fueron convocados empresarios, intermediarios y nuevos sospechosos señalados por su presunta participación en el esquema investigado.Según la acusación, se habría conformado una asociación ilícita para manipular procesos de contratación pública vinculados a medicamentos e insumos del Programa Federal Incluir Salud. La investigación apunta a supuestas licitaciones direccionadas, simulación de competencia entre empresas y pagos de retornos a funcionarios.Los insumos bajo investigación estaban destinados a prestaciones de alto costo, como medicamentos, audífonos, implantes auditivos, elementos traumatológicos, sillas y andadores. 

Estas compras correspondían a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, especialmente personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. 

Los fiscales sostienen que se utilizó de manera irregular el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, implementado en la ANDIS en junio de 2024, para canalizar compulsas de precios en favor de droguerías y firmas proveedoras vinculadas a los acusados.En la causa se mencionan adjudicaciones multimillonarias. En el rubro medicamentos, por ejemplo, se investigan 21 licitaciones por más de 30 mil millones de pesos, principalmente adjudicadas a Profarma S.A. y Génesis S.A. También se analizan contrataciones en implantes cocleares, audífonos e insumos relacionados por más de 9.500 millones de pesos.La Justicia además ordenó la inhibición general de bienes sobre las personas y empresas involucradas, con el objetivo de resguardar activos ante un eventual decomiso.

Fuente: Infobae

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