Cayó la pareja de Lázaro Báez en Ezeiza: un millonario operativo reveló una red narco y de lavado de activos
La detención de Claudia Insaurralde en plena pista de aterrizaje desató una serie de más de veinte allanamientos simultáneos entre Santa Cruz y Buenos Aires. La Justicia investiga cómo operaba una organización criminal que conectaría el tráfico de cocaína con fondos ilícitos vinculados al empresario de la construcción.
En un operativo certero que combinó tareas de inteligencia y despliegue táctico, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) interceptaron y detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a Claudia Insaurralde, pareja del empresario Lázaro Báez. El procedimiento se concretó tras el aterrizaje del vuelo AR1857 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Río Gallegos, ante el fundacional temor de que los sospechosos intentaran abandonar el país.
Junto a Insaurralde, las autoridades arrestaron a otras dos personas identificadas como Cristian Sebastián Ibáñez y Valentina Micaela Devetac. Tras su captura, la pareja de Báez fue trasladada e incomunicada bajo estricta custodia en el edificio de la Prefectura ubicado en el barrio porteño de Retiro, a la espera de su traslado para la audiencia de formalización e imputación que se llevará a cabo este jueves en Río Gallegos, bajo la órbita del juez federal de garantías Claudio Vázquez.
Dos causas que se cruzan: narcotráfico y blanqueo de capitales
El arresto no es un hecho aislado, sino la cúspide de una compleja investigación judicial impulsada por el fiscal federal Julio Zárate y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco. La pesquisa destapa dos expedientes con claros puntos de contacto que comprometen severamente el entorno del contratista condenado por causas emblemáticas como "Vialidad" y "La Ruta del Dinero K".
Por un lado, el primer expediente judicial persigue a una presunta organización dedicada al transporte de clorhidrato de cocaína utilizando camiones de logística empresarial, una operativa ilegal que se mantendría activa al menos desde diciembre de 2025 en la provincia de Santa Cruz. Las pruebas señalan que la distribución de los estupefacientes recaía en manos de dos hombres, utilizando un lavadero local como centro logístico para las entregas de la sustancia.
Por otro lado, y como un desprendimiento directo de la causa por drogas, los investigadores federales pusieron la lupa sobre una estructura piramidal que -según las sospechas- estaría encabezada por el propio Lázaro Báez desde su lugar de detención. Esta red se dedicaría a administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito, maniobras financieras destinadas a burlar los embargos judiciales y resguardar bienes patrimoniales que habrían sido sustraídos de las condenas previas. El dato más alarmante que manejan los investigadores es que uno de los presuntos jefes de la banda de narcotráfico en territorio santacruceño sería, a su vez, una pieza clave dentro del esquema de blanqueo operado por el entorno del empresario.
Megaoperativo y medidas patrimoniales
Inmediatamente después de las detenciones en la Terminal A de Ezeiza, el juez federal Vázquez ordenó la ejecución de más de veinte allanamientos simultáneos en domicilios particulares, estancias estratégicas y propiedades ubicadas en Río Gallegos, El Calafate y la provincia de Buenos Aires.
Los procedimientos, llevados a cabo de manera conjunta por la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y las divisiones de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, permitieron el secuestro de estupefacientes, documentación clave para la causa, vehículos de alta gama y otros elementos de interés probatorio. Asimismo, con el fin de asfixiar financieramente a la red delictiva, la Justicia decretó severas medidas cautelares patrimoniales, junto con el levantamiento formal del secreto bancario y fiscal de todos los involucrados.
Fuente: Infobae