Comodoro: Othar pide la emergencia económica, $25.000 millones más y menos control. ¿De dónde saldrá el dinero?

El intendente Othar Macharashvili convocó al Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia a una sesión extraordinaria para este viernes 28 de agosto. En el temario aparecen tres proyectos que, aunque fueron presentados por separado, forman parte de una misma operación política y financiera: una ampliación presupuestaria de $25.000 millones, la declaración de una emergencia económica y un amplio régimen de alivio fiscal. Los motivos invocados por el Ejecutivo son atendibles: menor recaudación, aumento de la morosidad, variaciones en los ingresos hidrocarburíferos, mayores costos de los servicios públicos, nuevas concesiones de higiene y transporte y gastos extraordinarios derivados de la emergencia geológica del Cerro Hermitte. Sin embargo, los expedientes no informan cuál es el déficit proyectado, cuánto dinero tiene disponible el Municipio, qué deuda mantiene con proveedores, cuánto costó la emergencia del Cerro Hermitte ni qué diferencia existe entre los recursos previstos y los efectivamente cobrados.

TRES PROYECTOS QUE FUNCIONAN COMO UNO SOLO. 

El alivio fiscal busca recuperar deuda atrasada mediante quitas de intereses, reducción de multas y planes de hasta 48 cuotas. El presupuesto calcula que esa regularización aportará $7.500 millones. La adecuación presupuestaria incorpora esa cifra junto con otros $17.500 millones provenientes de transferencias provinciales y de un convenio con PAE. Finalmente, el proyecto de emergencia permite que el Ejecutivo vuelva a mover partidas dentro del total presupuestario, notificando con 48 horas de anticipación a una comisión del Concejo, pero sin solicitar autorización previa para cada reestructuración. El Concejo aprobaría así una ampliación con destinos determinados y, al mismo tiempo, una herramienta que permitiría modificar posteriormente esa distribución.

¿DE DÓNDE SALDRÁN LOS $25.000 MILLONES? 

La planilla de recursos identifica tres fuentes: $7.500 millones de facilidades de pago municipales, $12.500 millones de un aporte del Tesoro Provincial identificado como "BCC Senguer/San Jorge - Ley XVII N.º 102" y $5.000 millones de "otros aportes" correspondientes a un Convenio Complementario con PAE. La suma cierra exactamente, pero el expediente no adjunta una certificación sobre la disponibilidad y fecha de transferencia del dinero provincial. Tampoco incorpora el convenio con PAE, sus condiciones, plazos de pago o posibles afectaciones. En el caso de los $7.500 millones esperados del alivio fiscal, no se informa cuál es el stock total de deuda recuperable, cuántos contribuyentes podrían adherir, cuánto se recaudó en planes anteriores ni qué porcentaje de las cuotas suele cobrarse. La previsión puede cumplirse, pero los documentos no permiten comprobarla. Al menos el 30% de la ampliación depende de que los contribuyentes morosos ingresen al régimen y cumplan los planes.

EL 80% IRÁ A RESIDUOS Y TRANSPORTE. 

La ampliación asigna $9.000 millones a recolección de residuos e higiene urbana y $11.000 millones al transporte público de pasajeros. En conjunto, ambos servicios reciben $20.000 millones, equivalentes al 80% de los nuevos recursos. Los fundamentos señalan que las nuevas concesiones modificaron sustancialmente los costos municipales, pero no se acompañan los contratos, las fórmulas de actualización, las certificaciones de servicios ni una comparación entre el costo originalmente presupuestado y el costo actual. En transporte aparece además una condición relevante: el proyecto contempla un aumento tarifario a partir de octubre y calcula que esa suba duplicará la recaudación por pasajes. El expediente no dice cuál sería el nuevo valor del boleto ni cuánto del costo quedaría a cargo del pasajero y cuánto seguiría siendo cubierto por el Municipio. El propio proyecto reconoce que, si el aumento no se concreta, sus previsiones deberán volver a modificarse.

UNA AMPLIACIÓN QUE TAMBIÉN CONTIENE RECORTES. 

Los $25.000 millones no constituyen solamente una ampliación de gastos. Las planillas muestran un incremento de $28.000 millones en gastos corrientes y una reducción de $3.000 millones en gastos de capital. Los recortes incluyen $1.900 millones en obras públicas, $767,6 millones en flota liviana, $261,1 millones en flota pesada y $71,2 millones en instalaciones. También se registra una disminución neta de $1.775 millones en personal: la administración central reduce $3.500 millones, mientras los entes descentralizados incorporan $1.725 millones. En servicios sociales, la administración central pierde $3.560 millones, con disminuciones en salud, promoción y asistencia social, cultura, mantenimiento urbano, urbanismo y ordenamiento del tránsito. El resultado social global termina siendo positivo porque se agregan $6.225 millones a entes descentralizados, principalmente Comodoro Deportes y Comodoro Conocimiento. La reasignación puede ser administrativamente válida, pero necesita una explicación: mientras los fundamentos sostienen que se busca proteger la asistencia social y habitacional, las planillas reducen partidas centrales de salud y asistencia.

DEPORTES: UN CUADRO QUE NO SUMA. 

El artículo 10 aprueba una ampliación de $5.500 millones para Comodoro Deportes, pero los componentes que enumera suman solamente $5.075,025 millones: $1.274,925 millones para personal, $525,25 millones para funcionamiento, $2.549,85 millones para transferencias y $725 millones para gastos figurativos. La diferencia es de $424,975 millones. En una planilla posterior, el gasto total de personal aparece como $1.699,9 millones, incorporando $356,979 millones de aportes patronales y $67,996 millones de conceptos no remunerativos. Esos dos componentes suman exactamente los $424,975 millones omitidos en el artículo. Todo indica que se trata de un error de exposición y no de dinero sin destino, pero el articulado y el anexo no coinciden y deberían corregirse antes de la sanción. También queda pendiente explicar el destino de los $725 millones asignados a Comodoro Conocimiento, clasificados íntegramente como "gastos figurativos", y los $140 millones que Comodoro Turismo coloca bajo la categoría genérica "otros servicios".

QUITAS PARA MOROSOS Y UNA PROMESA DE $7.500 MILLONES.

 El alivio fiscal comprende deudas vencidas hasta el 31 de julio de 2026 y, para determinados casos de obras con recupero, hasta el 31 de agosto. Incluye tributos, multas, planes caducos, reformulación de planes vigentes, deudas judicializadas e incluso obligaciones con sentencia firme. Ofrece hasta 48 cuotas y, para las primeras adhesiones, una quita de hasta el 90% de los intereses y una reducción de hasta el 40% de las multas. Los contribuyentes que estén completamente al día al 31 de agosto recibirían una bonificación del 10% sobre los tributos correspondientes a diciembre, con un tope de 30.600 módulos impositivos. El proyecto excluye a los funcionarios políticos, a los agentes que retuvieron tributos y no los depositaron y a determinadas infracciones graves relacionadas con alcoholemia, drogas, salud pública, seguridad edilicia y ambiente. Sin embargo, no calcula el costo fiscal de las quitas ni muestra cómo se distribuirán los beneficios entre familias, pequeños comercios y grandes empresas. Existe además una diferencia evidente entre los incentivos: un contribuyente moroso podría recibir hasta un 90% de quita de intereses y un 40% de reducción de multas, mientras el cumplidor obtendría un descuento del 10% correspondiente a un solo mes.

ERRORES QUE PUEDEN GENERAR CONFLICTOS. 

El alivio fiscal contiene al menos dos contradicciones que deberían corregirse. En una modalidad se habla de deudas canceladas "entre dos (4) y seis (6) cuotas". En otra se establece una "quita del ochenta por veinte (20%)". No son simples errores ortográficos: en una norma tributaria, la diferencia entre dos y cuatro cuotas o entre 20% y 80% puede producir interpretaciones administrativas opuestas y reclamos judiciales. El proyecto también faculta al Ejecutivo a prorrogar el régimen y establecer condiciones diferentes de las aprobadas inicialmente, por lo que el intendente podría modificar beneficios y plazos sin regresar al Concejo. Además, la adhesión se realizará por internet y las cuotas deberán cobrarse mediante débito automático en una cuenta bancaria o tarjeta de crédito, una exigencia que podría dificultar el acceso de contribuyentes no bancarizados.

EMERGENCIA: FONDOS LIBERADOS Y MENOS CONTROL PREVIO. 

El proyecto declara la emergencia para toda la administración municipal, centralizada y descentralizada. Su vigencia inicial se extiende hasta el 31 de octubre y puede prorrogarse por otros 60 días con autorización del Concejo. El texto protege expresamente los salarios y las negociaciones paritarias, pero también transforma en recursos de libre disponibilidad los fondos comprendidos en la Ordenanza 11.380-I/14. El expediente no identifica cuáles son esos recursos, cuánto dinero representan ni qué destinos específicos perderían. El artículo 5 autoriza además al Ejecutivo a realizar las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado para 2026. Para hacerlo deberá notificar con 48 horas de anticipación a la Comisión de Revisión de Cuentas, Obras y Servicios Públicos. La norma habla de notificación, no de autorización. Ésa es la razón concreta por la que puede hablarse de menos control previo: el Concejo será informado, pero el proyecto no le concede la facultad expresa de aprobar o rechazar cada movimiento.

CONTROLES PROMETIDOS, PERO NO ESCRITOS.

 Los fundamentos sostienen que la emergencia estará sometida a controles técnicos, contables, jurídicos y legislativos. Sin embargo, el articulado no obliga a presentar informes mensuales, publicar inmediatamente las modificaciones, identificar los fondos liberados ni realizar una rendición especial cuando termine la emergencia. Tampoco establece límites porcentuales para los movimientos o una prohibición de reducir partidas sensibles. El título y los fundamentos hablan de una emergencia "económica, financiera y presupuestaria", pero el artículo 2 la declara "económica, financiera y administrativa". Los fundamentos afirman además que las medidas estarán limitadas hasta el 31 de diciembre, mientras el artículo 3 fija como vencimiento inicial el 31 de octubre. El proyecto adhiere parcialmente a dos leyes provinciales y remite a la Ordenanza 11.380-I/14, pero esas normas no fueron reproducidas o anexadas, lo que impide evaluar el alcance completo de las facultades solicitadas.

UNA CONVOCATORIA QUE TAMBIÉN NECESITA ACLARACIONES.

 La resolución está identificada como 1649-26, pero el espacio destinado a su fecha de emisión quedó en blanco. Las notas que acompañan los proyectos mencionan, en cambio, una Resolución 1649/25 fechada el 25 de agosto de 2026. La diferencia no demuestra por sí sola la invalidez de la sesión, pero debería ser corregida y explicada. Los proyectos ingresaron al Concejo el 26 de agosto y serán tratados el 28. Los concejales tuvieron alrededor de 48 horas para analizar aproximadamente 70 páginas de articulado y planillas. Una situación extraordinaria puede justificar rapidez, pero no debería justificar una aprobación sin información suficiente.

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN ABIERTAS. 

Antes de votar, el Ejecutivo debería informar cuál es el faltante financiero concreto, cuánto dinero tiene actualmente el Municipio, qué deuda mantiene con proveedores, cuánto costó la emergencia del Cerro Hermitte, cuánto aumentaron las concesiones de higiene y transporte, cuál será el nuevo valor del boleto, qué documentos garantizan los aportes de la Provincia y de PAE, cómo se calcularon los $7.500 millones del alivio fiscal, qué fondos afectados pasarán a libre disponibilidad y cuál será el presupuesto definitivo de cada área. También debería corregir los errores numéricos y de redacción y aceptar controles proporcionales a las facultades solicitadas.

Los documentos  muestran que el Ejecutivo busca aprobar una modificación de $25.000 millones apoyada, en parte, en ingresos cuya disponibilidad y cálculo no están suficientemente documentados. Al mismo tiempo, solicita facultades para liberar recursos afectados y reestructurar partidas con un control legislativo reducido a la notificación previa. Una emergencia puede requerir decisiones extraordinarias, pero no menos transparencia: cuanto mayores sean las facultades concedidas, más completos deben ser los números, más claras las reglas y más estricta la rendición pública.