Denunciaron y pidieron la suspensión de la psicóloga que avaló que Ángel viva con su madre
La presentación apunta directamente al informe profesional que fue clave en la decisión judicial. Cuestionan la evaluación psicológica y reclaman una revisión urgente del caso, en medio de un fuerte conflicto familiar.
Un nuevo giro sacude el caso de Ángel López. La psicóloga que elaboró el informe determinante para que el niño continúe viviendo con su madre fue denunciada formalmente y ahora enfrenta un pedido de suspensión en el ejercicio profesional.
El abogado Roberto Castillo denunció formalmente a la psicóloga Jennifer Grisel Leiva y pidió su suspensión preventiva por haber respaldado, mediante un informe profesional, que el niño viviera con su madre, Mariela Altamirano, actualmente detenida e imputada por el caso.
La presentación judicial plantea una serie de acusaciones graves contra la profesional, a quien se le atribuyen presuntos delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, elaboración de informe pericial falso y abandono de persona seguido de muerte, en concurso real. El eje del planteo apunta directamente al rol que tuvo su evaluación psicológica en la decisión que permitió la convivencia del menor en un entorno que hoy está bajo investigación.
En el escrito, Castillo detalla un conjunto de medidas que considera urgentes para avanzar en la causa. Entre ellas, solicita el secuestro del legajo profesional y personal de la psicóloga en el Servicio de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia (SPD), en el Colegio de Psicólogos de Chubut y en la Municipalidad local, incluyendo todos los informes técnicos realizados en los últimos dos años. El objetivo, según se desprende de la presentación, es preservar pruebas y analizar la actuación integral de la profesional.
Además, el abogado pidió la suspensión preventiva de Leiva en sus funciones dentro del SPD mientras dure la investigación, al considerar que su continuidad podría entorpecer el proceso o derivar en situaciones similares. A esto se suma la solicitud de prohibición de salida del país hasta que se resuelva su situación procesal, así como la preservación de expedientes vinculados a revinculación familiar en Comodoro Rivadavia.
El caso toma mayor relevancia al conocerse que, días antes del crimen, la Fundación Más Vida ya había denunciado a Leiva y a su colega Vanesa Marín por haber elaborado informes favorables a la madre sin un análisis socioambiental previo. Desde la organización señalaron que las profesionales "no realizaron el informe ambiental", una herramienta clave para evaluar las condiciones reales en las que iba a vivir el niño.
Este punto es central en la investigación, ya que los estudios socioambientales permiten detectar factores de riesgo como condiciones habitacionales, entorno familiar y posibles situaciones de vulnerabilidad. Su ausencia, de confirmarse, podría representar una falla grave en el abordaje del caso.