Designaron al nuevo presidente de la obra social de las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa oficializó este lunes la designación del General de Brigada Pablo Guillermo Plaza como nuevo presidente del Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 311/2026 y se produjo luego de la renuncia del anterior titular del organismo, Sergio Maldonado.

La decisión fue impulsada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, en el marco de la reorganización del sistema de salud destinado al personal militar y civil vinculado a las Fuerzas Armadas.

La OSFA fue creada a partir del DNU 88/26 como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con el objetivo de garantizar cobertura médica en todo el país y fortalecer el control estatal sobre el sistema.

El nuevo organismo reemplazó al antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que atravesaba una profunda crisis financiera.

Según la normativa vigente, la OSFA cuenta con personería jurídica propia y autonomía para administrar recursos y definir políticas internas, aunque bajo supervisión del Ministerio de Defensa.

El directorio está integrado por cinco miembros titulares y cinco suplentes, designados por períodos de dos años con posibilidad de reelección por una única vez.

Además, la normativa establece que quienes integren el organismo deben acreditar experiencia en administración pública, servicios de salud, seguridad social o gestión financiera.

La presidencia y vicepresidencia del directorio son rotativas y definidas por el Ministerio de Defensa entre los miembros titulares.

La estructura inicial de la OSFA había quedado conformada por representantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y personal civil vinculado a las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el esquema prevé que tanto la OSFA como la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) destinen al menos el 80% de sus recursos a prestaciones de salud, mientras que los gastos administrativos no podrán superar el 8%.