Docentes universitarios confirmaron el paro de 48 horas el 27 y 28 de agosto por el financiamiento de las universidades
La CONADU confirmó una nueva medida de fuerza nacional ante el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición de los salarios docentes. La protesta se da mientras continúa la disputa judicial entre el Gobierno nacional y las universidades públicas.
Los docentes de las universidades nacionales realizarán un paro de 48 horas el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en el marco del conflicto por el financiamiento universitario y la situación salarial del sector.
La medida fue definida por la CONADU, que reúne a sindicatos de docentes universitarios de todo el país, y forma parte de un plan de lucha que también incluyó jornadas de protesta, movilizaciones y acciones públicas en defensa de la universidad y la ciencia.
El paro llegará en un momento particularmente sensible para las universidades nacionales: la discusión ya no se limita al reclamo gremial, sino que también involucra una disputa judicial por el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
El reclamo de los gremios apunta principalmente a la actualización de los salarios docentes y no docentes, la recomposición de las becas estudiantiles y la actualización de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades.
La CONADU sostiene que el Gobierno nacional lleva casi 300 días sin cumplir integralmente con la Ley de Financiamiento Universitario y reclama que se ejecute la medida cautelar que ordena aplicar las disposiciones vinculadas con salarios y becas.
Además de la cuestión salarial, el frente universitario reclama mayores partidas para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, investigación y programas de becas. En un comunicado conjunto, el Frente Sindical de las Universidades, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) también pidieron que el Presupuesto 2027 contemple esas necesidades.
El conflicto tuvo un capítulo clave en junio. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso presentado por el Gobierno y dejó firme una medida cautelar que obliga a avanzar con la actualización de los salarios de docentes y no docentes y con la recomposición de determinadas becas estudiantiles.
La resolución se produjo después de una extensa disputa judicial iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional, que recurrió a la Justicia ante la falta de aplicación de la normativa.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal había intervenido previamente en la causa y, luego de distintas apelaciones, el expediente llegó al máximo tribunal. En junio, la Corte desestimó el planteo del Ejecutivo y mantuvo vigente la cautelar.
La Ley 27.795 había sido aprobada por el Congreso en 2025 y establecía mecanismos para actualizar los recursos destinados a las universidades nacionales, además de contemplar la recomposición de los salarios del personal docente y no docente.
El presidente Javier Milei había vetado la norma mediante el Decreto 647/2025. En los fundamentos del veto, el Poder Ejecutivo cuestionó, entre otros aspectos, la fuente de financiamiento prevista por la ley y sostuvo que no se especificaban de manera suficiente los recursos necesarios para afrontar el aumento del gasto.
Sin embargo, el Congreso insistió con la ley y rechazó el veto presidencial con las mayorías necesarias. Posteriormente, el Gobierno dictó medidas para suspender su aplicación hasta que se determinaran las fuentes de financiamiento, lo que dio lugar al conflicto judicial que continúa hasta hoy.
El paro del 27 y 28 de agosto no aparece como una protesta aislada. La CONADU ya había convocado una jornada nacional de lucha para el 12 de agosto y organizó durante este mes distintas acciones para visibilizar el reclamo por el financiamiento universitario.
El escenario podría extenderse durante los próximos meses, especialmente porque los gremios ya reclaman que las demandas salariales y presupuestarias sean contempladas en la discusión del Presupuesto 2027.
Así, el conflicto universitario combina tres frentes que avanzan en paralelo: el reclamo salarial de los docentes, la necesidad de financiamiento para las universidades y una disputa judicial que todavía no está completamente cerrada.