¿Dónde está el oro de los argentinos? La AGN investiga el traslado y ya señaló pérdidas por USD 1.023 millones

Más de dos años después del traslado de parte de las reservas de oro al exterior, el Gobierno de Javier Milei sigue debiendo una rendición de cuentas completa sobre la operación. La pérdida de USD 1.023 millones en derivados vinculados al precio del metal agrega una pregunta incómoda: ¿cómo se administró ese patrimonio y cuánto costaron las decisiones tomadas en nombre de los argentinos? Las explicaciones oficiales no reemplazan el control independiente ni justifican las demoras en entregar información a quienes deben ejercerlo.

La historia comenzó en 2024, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se había enviado oro al extranjero y defendió la decisión porque permitiría obtener un rendimiento. El 2 de septiembre de ese año, el Banco Central anunció que había completado transferencias entre sus propias cuentas y sostuvo que esos movimientos no alteraban el volumen total de las reservas de oro. La promesa era mejorar el aprovechamiento de un activo público. La obligación, igualmente importante, era explicar las condiciones y demostrar los resultados.

Los datos oficiales publicados a mayo de 2026 registraban aproximadamente 61 toneladas de oro, equivalentes a 1,98 millones de onzas troy, un volumen estable desde hacía al menos cinco años. Este punto es importante: trasladar reservas no equivale a venderlas ni a demostrar que desaparecieron. El cuestionamiento está en la transparencia de su administración, la trazabilidad del traslado y las condiciones bajo las cuales permanecen fuera del país.

El 9 de septiembre de 2026, Santiago Bausili afirmó ante el Senado que una parte estaba depositada en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza. Explicó que el traslado había permitido aprovechar condiciones favorables para la aceptación de determinados lingotes. Existe, por lo tanto, una ubicación declarada por el presidente del Banco Central. Pero la palabra del funcionario responsable no sustituye una comprobación independiente sobre el destino físico, la custodia y la disponibilidad del patrimonio involucrado.

La demora en el control es uno de los aspectos más difíciles de justificar. En una respuesta enviada a la senadora Juliana Di Tullio, el presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, informó en septiembre que el Central había tardado más de un año en entregar información necesaria para analizar la trazabilidad del oro. Posteriormente, la AGN comunicó que otra auditoría, sobre las reservas físicas y su traslado al exterior, había sido remitida al BCRA para su descargo. Ese trabajo es distinto del examen de los estados contables de 2025.

La respuesta política tampoco despejó los interrogantes. En la conferencia del 15 de septiembre, el vocero presidencial Adrián Ravier recordó que Bausili había ubicado el oro en Suiza, pero, ante las preguntas sobre el traslado y la demora en aportar documentación, afirmó: "No puedo hablar por un ente autárquico independiente como es el Banco Central". Minutos después reconoció que "hay acciones coordinadas entre el Banco Central y el Ejecutivo". Para ejecutar la política económica hay coordinación; para responder por sus consecuencias, las preguntas se derivan. La autarquía no debería convertirse en una barrera para la rendición de cuentas.

El nuevo dato financiero tiene una magnitud que exige explicaciones precisas. El examen contable de 2025 señaló pérdidas por USD 1.023 millones en derivados vinculados al oro, con egresos de divisas. El desglose fue de USD 960,2 millones por resultados negativos de opciones y USD 62,8 millones por primas. No se trata solamente de una variación en la valuación de los lingotes: hubo pagos en dólares asociados a esas operaciones.

El Banco Central respondió que, al considerar conjuntamente la valorización del metal y las coberturas, su posición en oro obtuvo una ganancia neta de USD 2.505 millones. Explicó que los derivados funcionan como protección frente a una caída del precio y pueden arrojar resultados negativos cuando el oro sube. Por eso, los USD 1.023 millones no representan una pérdida neta del conjunto de las tenencias. Pero el resultado positivo tampoco elimina la necesidad de justificar el costo de la protección contratada.

La entidad agregó un antecedente que debe incorporarse al debate: sostuvo que realiza coberturas de este tipo desde 2007 y que, entre 2007 y 2011, los pagos por instrumentos comparables representaron, respecto del valor del oro en cartera, casi el doble que en 2025, sin observaciones de la AGN ni de los auditores externos. Es la defensa oficial y merece ser considerada. Sin embargo, que una práctica tenga antecedentes no demuestra automáticamente que cada contratación posterior haya sido conveniente.

También corresponde distinguir las conclusiones técnicas de las declaraciones políticas. Olmos sostuvo públicamente que el Central había especulado y equivocado el cálculo. El dictamen, en cambio, describió las operaciones como coberturas y consideró razonablemente presentados los estados contables. Aprobar un balance no equivale a certificar que cada decisión financiera fue la mejor disponible. Tampoco ese informe acredita un delito o la desaparición de lingotes.

Aquí aparece una limitación relevante del trabajo difundido: no contiene una evaluación de la conveniencia de la estrategia de cobertura sobre el 100% de la posición en oro que describe el BCRA. Permite conocer el resultado registrado, pero no resolver si el costo fue proporcionado al riesgo, si existían alternativas más económicas o qué escenarios respaldaron las decisiones. No alcanza con que los números estén correctamente asentados: también hace falta evaluar cómo se llegó a ellos.

Las preguntas, entonces, son concretas. ¿Quién autorizó las operaciones? ¿Qué riesgos se buscaba cubrir y con qué criterios? ¿Qué entidades participaron y qué costos se pactaron? ¿Qué rendimiento atribuible al traslado se obtuvo, separado de la suba internacional del metal? ¿Cuándo se conocerán las conclusiones de la auditoría sobre las reservas físicas? Responder no requiere divulgar recorridos de seguridad ni comprometer negociaciones sensibles. Requiere rendir cuentas sobre decisiones ya ejecutadas.

El Central acusó a la conducción de la AGN de actuar con objetivos políticos. La disputa puede existir, pero descalificar al organismo de control no reemplaza las respuestas. La mejor defensa de una administración eficiente es permitir que sus decisiones sean verificadas, no pedir que la sociedad acepte como garantía las declaraciones de quienes las tomaron.

No hace falta afirmar que el oro desapareció para señalar la gravedad del problema. Hay un traslado al exterior, una demora denunciada por el titular del organismo auditor y un costo financiero de más de mil millones de dólares que merece una explicación completa. Después de más de dos años, el oscurantismo no puede normalizarse como una condición de la gestión económica. El oro no pertenece a Milei, a Caputo ni a Bausili. Es patrimonio de los argentinos. Administrarlo exige algo más que asegurar que todo está bien: exige demostrarlo.