El derrame que no llega: minería y petróleo crecen en actividad, pero en lugar de generar empleo recortaron 8.500 puestos

Un informe del Centro RA de la UBA muestra que la rama de minas y canteras aumentó su actividad un 16%, mientras perdió el 8,9% de sus empleos registrados entre diciembre de 2023 y mayo de 2026. El contraste cuestiona la idea de que expandir la producción alcanza para mejorar la vida de los trabajadores y obliga a discutir qué resultados sociales deben exigirse a las inversiones beneficiadas por el Estado.

El crecimiento no está llegando a todos. Mientras algunos indicadores productivos avanzan, el empleo retrocede incluso en actividades que aparecen entre las ganadoras de la economía. La explotación de minas y canteras, categoría que comprende también petróleo y gas, ofrece un ejemplo concreto: más actividad, pero 8.500 puestos registrados menos.

El dato figura en el cuadro elaborado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, sobre información del INDEC y del Sistema Integrado Previsional Argentino. No mide facturación ni ganancias empresariales: compara actividad económica y empleo. Tampoco contabiliza 8.500 despidos individuales, sino una reducción neta de puestos registrados. La diferencia importa, pero no modifica el resultado: el sector terminó con menos trabajo formal mientras producía más. Cuadro del Centro RA.

El problema político para el gobierno de Javier Milei es evidente. Si el crecimiento de los sectores que concentran expectativas de inversión no se traduce en una expansión del empleo, mostrar mejores cifras productivas no alcanza como balance social. El éxito económico no puede evaluarse únicamente desde la producción: también debe medirse desde las posibilidades de conseguir y conservar un trabajo.

El RIGI vuelve más necesaria esa discusión. El régimen ofrece a los proyectos adheridos una alícuota del 25% en Ganancias, amortización acelerada, beneficios aduaneros y estabilidad tributaria por treinta años. Son ventajas concretas destinadas a promover grandes inversiones, no una eliminación general de todos los impuestos para cualquier empresa minera o petrolera.

El informe laboral no identifica cuáles de las empresas que redujeron personal reciben esos incentivos. Por eso, no demuestra que el RIGI haya provocado la pérdida de puestos ni permite atribuirle toda la evolución sectorial. Pero sí deja planteada una exigencia: los beneficios públicos deben acompañarse de información verificable sobre empleo generado, contratación de proveedores nacionales y resultados en las comunidades.

La pregunta no es solamente cuánto dinero anuncian los inversores. Es cuántos puestos efectivamente crean, cuántos permanecen después de la construcción de los proyectos y qué oportunidades ofrecen a quienes pierden su trabajo en otras actividades. Las inversiones futuras pueden abrir posibilidades; no reemplazan los ingresos que una familia necesita hoy.

El panorama nacional refuerza esa preocupación. Otro relevamiento, elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET, señala que en junio de 2026 había aproximadamente 246.000 empleos asalariados privados registrados menos que en noviembre de 2023. En ese período, la actividad económica se ubicaba un 5,3% por encima del punto de partida, mientras el empleo privado había caído casi un 4%.

Ese informe también registra una mejora mensual del empleo en la rama minera durante junio, del 0,2%, aunque la comparación interanual seguía siendo negativa, con una caída del 2,5%. Es decir, puede haber recuperaciones parciales sin que se haya revertido la pérdida acumulada. Informe del IIEP, septiembre de 2026.

Producir más tiene valor. Generar divisas también. Lo que estos datos cuestionan es presentar esos avances como garantía automática de bienestar. Para un trabajador que perdió su puesto, el crecimiento sectorial no paga el alquiler ni reemplaza el salario.

El balance exige mirar ambos lados: cuánto crece la actividad y cuánto de ese crecimiento se transforma en trabajo, ingresos y desarrollo local. Si el Estado ofrece previsibilidad durante treinta años a grandes inversiones, también debe explicar qué resultados espera para los trabajadores y cómo los va a comprobar. El derrame no puede seguir siendo una promesa que se da por cumplida antes de llegar.