El Gobierno cambió las reglas del RIGI: empresas de capital extranjero podrán contar como proveedoras locales
El Gobierno nacional introdujo una modificación en el régimen de incentivos a las grandes inversiones.
A través del Decreto 1366/2026, publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial, se modificaron las condiciones para que una compañía sea considerada proveedora local en los proyectos amparados por el RIGI, eliminando la exigencia de que los titulares de al menos el 51 por ciento del capital social (o de los votos necesarios para formar la voluntad social) tuvieran domicilio fiscal en el país.
Hasta el momento, la reglamentación exigía una doble condición: que la firma proveedora estuviera constituida y domiciliada en la República Argentina, y que ese porcentaje mayoritario del capital o de los votos correspondiera a titulares con domicilio fiscal en territorio nacional.
Con la nueva norma, ese requisito sobre el domicilio fiscal de los accionistas fue suprimido. De este modo, cualquier empresa de capital extranjero que se encuentre legalmente constituida y domiciliada en la Argentina podrá calificar formalmente como proveedora local en las cadenas de valor de los grandes proyectos mineros, energéticos e hidrocarburíferos, siempre que cumpla con el resto de las exigencias del régimen.
El impacto en la mira de las cámaras y la regla del 20 por ciento
La flexibilización abre un interrogante central para la industria regional y las economías de las provincias patagónicas: si esta apertura a firmas extranjeras radicadas en el país incrementará la competencia que enfrentan los proveedores locales y las pymes regionales para acceder a los contratos de las grandes operadoras y mineras.
Desde el punto de vista regulatorio, los especialistas aclaran cómo se calcula la exigencia de compre local prevista en el RIGI: el piso obligatorio se mide sobre la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores de bienes y obras del proyecto (y no sobre lo destinado únicamente a proveedores locales). De esa base global, al menos el 20 por ciento debe corresponder a proveedores locales, sujeto a las condiciones de precio, calidad y plazo establecidas, sin que ello signifique el 20 por ciento de la inversión total ni una reserva exclusiva para empresas de la provincia donde se emplaza la obra.
Asimismo, se mantiene vigente una condición clave sobre los productos: eliminar el requisito sobre el domicilio fiscal de los accionistas no convierte automáticamente cualquier bien importado en provisión local, ya que cuando se proveen bienes estos deben seguir cumpliendo los criterios previstos para ser considerados de origen nacional.
Al tratarse de una modificación reciente, el real alcance sobre la participación de la industria patagónica frente a un universo más amplio de competidores corporativos dependerá de cómo comiencen a instrumentar los pliegos las operadoras y de la evaluación que realicen las cámaras empresariales de la región, un sector que ya venía reclamando mayores garantías de compre local ante el desembarco de megaproyectos.