El Gobierno de Milei permitió el amarre de un buque británico en Ushuaia y Tierra del Fuego exige explicaciones
El buque VS Promise ingresó al puerto administrado por la intervención nacional después de cargar crudo en Río Cullen. El Gobierno fueguino asegura que no fue informado y reclama conocer quién autorizó la operación. Nación todavía no publicó el expediente, el motivo de la escala, la empresa contratante ni el destino de la carga.
Un petrolero británico de casi 229 metros de eslora amarró este lunes en el Puerto de Ushuaia, actualmente controlado por el Gobierno nacional. La operación provocó el rechazo de Tierra del Fuego y abrió una serie de interrogantes que la administración portuaria todavía no respondió públicamente.
El buque es el VS Promise, identificado internacionalmente con el número IMO 9351438. Se encuentra registrado en la Isla de Man, dependencia de la Corona británica e integrante del Red Ensign Group. No se trata de una denominación política: el propio Gobierno del Reino Unido establece que las embarcaciones inscriptas en esos registros son jurídicamente "buques británicos".
Su propietario registral es Valloeby Promise Ltd., una sociedad constituida en la Isla de Man, mientras que su gestión técnica está a cargo de la empresa alemana Hellespont Ship Management. La identidad de su beneficiario final no pudo determinarse con la documentación pública consultada.
Una operación bajo control nacional
El VS Promise ingresó al puerto alrededor de las 7 de la mañana del 24 de agosto. Los registros de navegación lo ubican previamente en la terminal petrolera de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego.
El secretario provincial de Malvinas y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, confirmó que el buque estuvo cargando crudo en esa zona, pero reconoció que la Provincia todavía desconoce qué petrolera lo contrató, cuánto petróleo transporta y cuál es su destino final.
Tampoco se informó por qué el barco se dirigió posteriormente a Ushuaia, qué servicios recibió allí ni cuánto tiempo permanecería amarrado.
La escala ocurrió siete meses después de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación -dependiente del Gobierno de Javier Milei- interviniera administrativamente el Puerto de Ushuaia.
La Resolución 4/2026 otorgó a la intervención nacional el control operativo, técnico y administrativo de la terminal, incluida su infraestructura, equipamiento y operaciones portuarias. Por lo tanto, un buque de estas dimensiones no podía ocupar un sitio de amarre y recibir servicios sin la participación o conformidad de la administración nacional.
Hasta el momento, sin embargo, no fue publicada la autorización individual correspondiente al VS Promise. Tampoco se conoce qué funcionario asignó el lugar de atraque ni qué intervención tuvieron la Agencia Nacional de Puertos, Prefectura Naval y Aduana.
No existe, además, información pública que indique que el buque enfrentara una emergencia marítima, mecánica o sanitaria que justificara excepcionalmente su ingreso.
El reclamo de Tierra del Fuego
El Gobierno fueguino repudió la operación y pidió que Nación explique bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos permitió el amarre de un buque británico en el puerto de la capital provincial.
La Provincia sostiene que no fue notificada y considera especialmente grave que la operación se haya producido mientras el puerto permanece apartado de su administración por decisión del Gobierno nacional.
La contradicción señalada por Tierra del Fuego es política: Nación presentó al Puerto de Ushuaia como una instalación estratégica para la soberanía argentina en el Atlántico Sur y la proyección antártica, pero posteriormente permitió que un petrolero británico operara en sus instalaciones sin ofrecer hasta ahora una explicación pública.
El reclamo también puso nuevamente en discusión la Ley provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero.
Qué dice realmente la Ley Gaucho Rivero
La norma fue sancionada en 2011 y prohíbe determinadas operaciones portuarias de buques británicos o con banderas de conveniencia relacionados con la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas. También comprende a los buques militares.
La sola bandera británica no permite concluir automáticamente que el amarre fue ilegal. Para sostener una infracción debe determinarse si el VS Promise estuvo vinculado con actividades alcanzadas por la Ley 852.
La información comprobada hasta ahora indica que el petrolero cargó crudo en Río Cullen, dentro de la Cuenca Austral y bajo operaciones autorizadas por el Estado argentino. No apareció evidencia de que haya prestado servicios en la cuenca de Malvinas.
Por eso, la aplicación de la ley requiere conocer quién contrató el barco, cuál fue su recorrido completo, qué carga transporta y cuál es su destino. Esos datos no fueron informados por Nación.
Los antecedentes: pocos casos públicos, pero no solamente emergencias
Los registros públicos disponibles no permiten afirmar que este haya sido el primer buque británico que amarró en Ushuaia. Tampoco respaldan que todos los ingresos anteriores se hayan producido exclusivamente por emergencias.
En enero de 2006, antes de la sanción de la Ley Gaucho Rivero, el buque militar británico HMS Endurance visitó Ushuaia. Fue una de las primeras escalas de una unidad de la Royal Navy desde la Guerra de Malvinas.
El antecedente más conflictivo ocurrió en febrero de 2012. Las autoridades fueguinas impidieron el ingreso de los cruceros Star Princess y Adonia después de que hubieran pasado por Puerto Argentino, en las Islas Malvinas. El Balmoral, también vinculado a un registro británico, modificó su recorrido antes de llegar a Ushuaia.
Sin embargo, en marzo de 2013 el Star Princess, registrado en Bermudas -otro integrante del sistema británico Red Ensign- volvió a Ushuaia y amarró con casi 4.000 personas a bordo. No se informó entonces ninguna emergencia. Su llegada provocó protestas, pero la operación se realizó.
Estos antecedentes demuestran que la bandera británica no produjo siempre la misma respuesta administrativa. La ruta, la actividad desarrollada y la vinculación con Malvinas fueron determinantes para la aplicación de la ley.
Las estadísticas oficiales tampoco permiten reconstruir un número exacto. La Dirección Provincial de Puertos informa la cantidad anual de arribos según el tipo de embarcación, pero no publica en esa serie el nombre ni la bandera de cada una.
En 2024 registró 38 movimientos de buques tanque; en 2025 fueron 32 y durante 2026 contabilizaba 15. Es decir, la llegada de petroleros no es excepcional. Lo que vuelve políticamente sensible este caso es su bandera británica, el control nacional del puerto y la falta de información sobre la autorización.