El Gobierno no aseguró los votos y retiró el capítulo de extranjerización de tierras de la ley de propiedad privada
Tras intensas negociaciones encabezadas por Patricia Bullrich, el oficialismo tuvo que ceder ante sus aliados para no llegar estancado a la sesión de este jueves. Pese a desactivar la polémica por la enajenación de tierras rurales a capitales extranjeros, el proyecto mantiene reformas clave en desalojos, expropiaciones y un fuerte impacto ambiental en el régimen de manejo del fuego.
En una maniobra decisiva a pocas horas del debate en el Congreso, el Poder Ejecutivo debió dar el brazo a torcer y quitar del dictamen el capítulo referido a la extranjerización de tierras rurales de su llamada "Ley de inviolabilidad de la propiedad privada". La decisión busca destrabar las negociaciones y asegurar la realización de la sesión convocada para este jueves en el Senado, donde el bloque oficialista no lograba consolidar el piso mínimo de 37 votos exigido para avanzar.
Las febriles negociaciones parlamentarias fueron encabezadas en las últimas horas por la senadora Patricia Bullrich, quien enfrentó el rechazo de bloques aliados y opositores dialoguistas ante la propuesta original que flexibilizaba los límites a la adquisición de suelo argentino por parte de capitales internacionales. Ante el riesgo inminente de una derrota legislativa, la retirada del articulado sobre tierras rurales se convirtió en la moneda de cambio para garantizar el quorum y dar viabilidad al resto del paquete normativo.
Un triunfo político que deja intacto un núcleo controvertido
Aunque la eliminación del capítulo de tierras representa un logro puntual para las bancadas provinciales -al desactivar la discusión sobre la pérdida de soberanía territorial y la venta de recursos estratégicos-, la medida no neutraliza el alcance general del proyecto (identificado como PE-13/26).
La iniciativa continúa siendo un proyecto de ley omnibus que modifica de forma sustancial cinco cuerpos normativos vigentes:
Manejo del Fuego (Ley 26.815): Se perfila como el capítulo más controvertido del nuevo dictamen. Modifica el artículo 22 bis limitando la restricción de cambio de uso de suelo post-incendio únicamente a bosques nativos y atándolo al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que define cada provincia, eliminando los plazos fijos. Asimismo, deroga el artículo 22 quáter, lo que suprime la protección ambiental de 30 años en pastizales, matorrales e interfaz urbano-rural, eliminando además las prohibiciones explícitas de subdividir, lotear y vender tierras afectadas por quemas.
Régimen de Desalojos: Reforma el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el Código Civil y Comercial (incorporando el art. 1222), estableciendo un juicio sumarísimo, ampliando la legitimación activa a "todo sujeto con interés legítimo afectado", autorizando entregas anticipadas del inmueble e intimaciones de pago con plazos de 10 días corridos.
Expropiaciones y Ley Pierri: Modifica las leyes 21.499 y 24.374, incorporando el concepto de lucro cesante con un tope del 30% del daño emergente, duplicando el plazo de ocupación temporánea anormal a 180 días y elevando de 3 a 10 años la antigüedad exigida para la regularización dominial de la Ley Pierri, aunque incluyendo en ella a la agricultura familiar.
Registros de la Propiedad e Implementación: Introduce la digitalización de trámites, firma digital y la creación de una Ventanilla Única (Ley 17.801), estipulando la entrada en vigencia general de la ley al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, a excepción del apartado registral que lo hará a los 180 días.
Foco de tensión en la Patagonia
Con la salida del debate sobre la extranjerización, la atención de las provincias patagónicas -especialmente en regiones castigadas por los incendios como Chubut- viró de inmediato hacia el capítulo ambiental.
Especialistas e instituciones regionales advierten que la eventual aprobación de las reformas al Manejo del Fuego dejaría sin protección federal a vastas extensiones de la estepa, la meseta y los mallines no boscosos frente a especulaciones inmobiliarias post-incendio, delegando el piso de protección ambiental a las recategorizaciones provinciales.
Con la sesión confirmada para este jueves, el oficialismo buscará hacer valer la concesión hecha por Bullrich para aprobar en bloque el resto de las reformas, en medio de un debate que se anticipa ajustado voto a voto.