El imputado por el homicidio de Maximiliano Cifuentes seguirá detenido por seis meses

 La jueza penal Lilian Borquez resolvió este jueves mantener la prisión preventiva de Roberto Alejandro Romero, imputado por el homicidio de Maximiliano Cifuentes, ocurrido el pasado 1° de enero. La decisión se tomó durante una audiencia de incidentes en la que el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron la continuidad de la medida cautelar, mientras que la defensa pugnaba por la libertad o el arresto domiciliario de su asistido.

El fiscal jefe Cristian Olazabal, acompañado por la procuradora Florencia Do Carmo, argumentó que subsisten los peligros procesales de fuga y entorpecimiento. Remarcó que las investigaciones han reafirmado la teoría de la fiscalía, cuya evidencia es "unívoca" y ya fue plasmada en la acusación pública presentada el 27 de junio. Según la acusación, Romero decidió quitarle la vida a Cifuentes el primer día del año. El fiscal subrayó la gravedad del hecho y la pena esperada, que oscila entre 8 y 25 años de prisión, como elementos que configuran un alto riesgo de que el imputado no se someta al proceso. Asimismo, destacó el peligro de entorpecimiento, ya que su libertad podría influir sobre los testigos. Por ello, solicitó que la prisión preventiva se extienda por seis meses o hasta la audiencia preliminar.

La querella, ejercida por Juan Carlos Smith, adhirió a la postura fiscal. Sostuvo que la situación procesal no ha variado, y que la gravedad de la pena esperada hace inviable un cambio en el estado de detención de Romero, persistiendo los peligros de fuga y la posibilidad de influir en los testigos.

En contraposición, el abogado particular de Romero, Guillermo Iglesias, insistió en su pedido de libertad con presentaciones periódicas y prohibición de acercamiento/contacto con testigos, o subsidiariamente, el arresto domiciliario. La defensa adelantó que en el futuro juicio por jurados buscará la absolución de su asistido, planteando que "existió un hecho de violencia sexual previo, y que como consecuencia de ello se produce una pelea donde lamentablemente se produce un hecho no deseado". Negó la existencia de peligros de fuga y entorpecimiento, basándose en lo que consideró una "premisa falsa" que podría llevar a una "conclusión equivocada". Previamente, la defensa había planteado una cuestión sobre una pericia, que la jueza consideró abstracta al haberse presentado la acusación.

Finalmente, la jueza penal Lilian Borquez resolvió mantener la prisión preventiva de Roberto Alejandro Romero por un plazo de seis meses. La magistrada consideró que los peligros procesales de fuga y entorpecimiento persisten y que las medidas sustitutivas propuestas por la defensa no son suficientes para neutralizar dichos riesgos, descartando además el arresto domiciliario que ya había sido analizado.