El mejor negocio de Marín: YPF se va sin sanear pasivos ambientales, sin juicios y entrega una limosna de 25 millones de dólares

La novela de los activos de YPF sumó un nuevo capítulo. El Gobierno de Chubut envió este viernes a la Legislatura un proyecto de ley para aprobar un Acta Acuerdo firmada ese mismo día con YPF por la transferencia de los activos, el pago de una contraprestación extraordinaria de 25 millones de dólares y la liberación de responsabilidades ambientales de la empresa.

El acuerdo fue suscripto entre el gobernador Ignacio Torres y los apoderados de YPF, Matías Osvaldo Farina y Lisandro Deleonardis, en Rawson. La iniciativa ingresó a la Legislatura a las 18:30 horas del mismo día de su firma, según consta en el sello de la Mesa de Entradas. Tal como se viene informando, no hubo instancia previa de consulta pública ni participación de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

"El presente Acta Acuerdo contempla el pago de una contraprestación extraordinaria por YPF a favor de la Provincia, en carácter de compensación por la liberación de responsabilidad a YPF S.A. respecto a pasivos ambientales", establece el documento.

Qué incluye el convenio

Se habló mucho durante la semana por el contenido del convenio. Según el Acta Acuerdo, YPF abonará a la Provincia dos cuotas de 12,5 millones de dólares cada una: la primera dentro de las 48 horas de entrada en vigencia del acuerdo, y la segunda el 1 de octubre de este año. Adicionalmente, la empresa se compromete a donar todos los bienes muebles e inmuebles, que incluye más de cien vehículos tipo Ford Ranger y Toyota Hilux, y decenas de propiedades en Comodoro Rivadavia y zonas aledañas.

Entre los inmuebles figuran el Club General Saavedra, el Club Náutico, el Club Atlético Tiro Federal, el Club Talleres Junior, el Club Florentino Ameghino, el Ex Club Hípico San Jorge y el Club Federación Deportiva, entre otros. También se incluyen terrenos baldíos, una estación repetidora, la Residencia del Gobernador en Mosconi y espacios ocupados por instituciones educativas y de seguridad.

"Los bienes muebles contemplados en el Anexo A del Acta Acuerdo que, como contraprestación extraordinaria YPF S.A. transferirá a la Provincia, serán afectados a la prestación de servicios públicos esenciales y al fortalecimiento del sistema de seguridad de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia", dice el artículo 3° del proyecto de ley.

Lo que se presenta como novedad ya estaba acordado en 1999

El Gobierno provincial presentó la titularización de tierras a favor de los clubes e instituciones como uno de los logros centrales del acuerdo. Sin embargo, esta cuestión ya había sido contemplada en el convenio entre la Provincia y YPF de 1999, que estableció obligaciones similares respecto de los inmuebles ocupados por asociaciones civiles. La "novedad" del acuerdo de 2026 es la formalización tardía de compromisos que llevan más de dos décadas pendientes.

El proyecto de ley establece en su artículo 4° que, para los inmuebles actualmente ocupados por instituciones, asociaciones, clubes sociales, culturales o deportivos que acrediten actividades de interés público, el Estado Provincial realizará las transferencias definitivas a favor de dichas instituciones. El texto no fija plazos concretos para completar esas escrituraciones, y delega el proceso en la Escribanía General de Gobierno.

"El Estado Provincial llevará adelante las transferencias definitivas a favor de dichas Instituciones, realizando a tal efecto los trámites necesarios para la escrituración correspondiente por intermedio de la Escribanía General de Gobierno", sostiene el artículo 4° del proyecto.

Bienes sin un destino sin definir

Tal como informó ABCDiario, un punto que genera incertidumbre entre vecinos y organizaciones de Comodoro Rivadavia es el de las tierras que, según la legislación vigente, deberían haber sido transferidas a la Municipalidad. La Ley Provincial XI N°85 y sus decretos reglamentarios establecen condiciones claras para el traspaso de activos vinculados a las concesiones petroleras. Sin embargo, el acuerdo no aclara si esos bienes serán municipalizados o quedarán en manos provinciales.

El artículo 5° del proyecto indica que los inmuebles que no sean transferidos a instituciones serán destinados a "uso público en el ejido de la ciudad de Comodoro Rivadavia". En caso de que alguna propiedad no pueda tener ese destino, lo obtenido por su eventual enajenación "se invertirá en obras para la ciudad". Esta formulación vaga no responde a la demanda concreta de la comunidad: que sean los propios comodorenses quienes decidan el destino de las tierras petroleras.

"Establécese que los restantes inmuebles contemplados en el Anexo A del Acta Acuerdo que como contraprestación extraordinaria YPF S.A. transfiera al Estado Provincial y que no se encuadren en el supuesto previsto en el artículo anterior, serán destinados a uso público en el ejido de la ciudad de Comodoro Rivadavia", establece el artículo 5°.

Un consejo consultivo decorativo

El artículo 6° del proyecto prevé la creación de un consejo consultivo integrado por asociaciones civiles de Comodoro Rivadavia para que "analicen y propongan el destino" de los bienes del artículo 5°. El texto, sin embargo, no otorga a ese organismo ninguna facultad vinculante: sus recomendaciones no obligan al Gobierno provincial, que conserva la potestad final sobre cada inmueble. Se trata, en la práctica, de un mecanismo de participación sin capacidad de decisión real.

La creación de ese consejo contrasta además con el modo en que se tomaron las decisiones previas: el acuerdo que define el destino de activos generados durante décadas de extracción petrolera en territorio comodorense fue firmado a espaldas de la comunidad, presentado a la Legislatura el mismo día y sin que ningún representante municipal fuera convocado a las negociaciones. El consejo consultivo llega, así, después de que todo lo sustantivo ya quedó sellado.

"El Poder Ejecutivo Provincial creará un consejo consultivo, integrado por asociaciones civiles de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, para que analicen y propongan el destino a otorgarse a los bienes inmuebles contemplados en el artículo 5°", establece el artículo 6° del proyecto de ley.

Una limosna por un deterioro ambiental de 100 años

El punto más crítico del acuerdo es el que menos titulares genera: a cambio de los 25 millones de dólares, la Provincia del Chubut renuncia de forma "irrevocable" a formular cualquier reclamo contra YPF por pasivos, hallazgos o situaciones ambientales vinculadas a las seis áreas concesionadas, "originados con anterioridad al perfeccionamiento de la cesión". Esa renuncia se extiende a todos los organismos, dependencias y sociedades del Estado Provincial y no admite excepción.

Nadie cuantificó públicamente el daño ambiental acumulado durante décadas de operación petrolera en esas áreas antes de fijar el precio de la liberación.

El convenio cita auditorías ambientales de cierre y planes específicos aprobados por la Secretaría de Ambiente de la Provincia como respaldo técnico, pero no hay una valuación económica independiente del pasivo que se está perdonando. Los 25 millones de dólares se fijaron como cifra de compensación sin un peritaje externo que justifique ese número frente al daño real.

"La Provincia del Chubut libera a YPF S.A. de responsabilidad por pasivos, hallazgos, cuestiones y situaciones ambientales de las Áreas, y declara que no tiene nada más que reclamarle, ni a YPF S.A., ni a sus directores y accionistas, en relación con la condición ambiental e instalaciones de dichas Áreas", establece la cláusula 4 del Acta Acuerdo.

La cláusula de exención impositiva agrega otra capa de beneficio para la empresa: YPF queda eximida de todo impuesto, tasa o gravamen derivado del acuerdo, incluyendo los vinculados al pago de la contraprestación y a la transferencia de bienes.