Emergencia en Discapacidad: el Gobierno promulgó la ley, pero suspendió su aplicación por falta de financiamiento
El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque resolvió suspender su implementación hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento en el Presupuesto Nacional.
La norma, que había sido vetada por Javier Milei y luego ratificada por ambas cámaras legislativas, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
La decisión quedó oficializada a través del Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había anticipado que la aplicación de la norma estaría supeditada a la disponibilidad de fondos: "El Poder Ejecutivo la va a promulgar, después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente y con las comisiones del Congreso porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad".
Según el cálculo oficial, el impacto fiscal de la creación de nuevas pensiones demandaría $2,16 billones en 2025 (0,26% del PBI) y $4,7 billones en 2026 (0,47% del PBI). A esos montos se suman los costos del Programa Incluir Salud y una compensación extraordinaria a prestadores, lo que eleva el gasto total estimado a $3,02 billones, equivalente al 0,35% del PBI.
El Gobierno justificó la suspensión en base a los artículos 38 de la Ley 24.156 y 5 de la Ley 24.629, que obligan a especificar las fuentes de recursos en normas que generen erogaciones. En el decreto se remarca que el presupuesto vigente "no cuenta con los créditos suficientes" y que los recursos disponibles sin afectar servicios sociales (unos $2,3 billones) resultan insuficientes para cubrir la aplicación de la ley.
A la par, a través de la Decisión Administrativa 24/2025, el Ejecutivo dispuso una readecuación de partidas para reforzar el financiamiento de las prestaciones a personas con discapacidad, con el fin de actualizar los aranceles de los prestadores a partir del 1° de octubre. Los fondos adicionales se transferirán a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mientras que se reducirán créditos de la Jurisdicción 91 -Obligaciones a Cargo del Tesoro-.
De esta manera, la promulgación de la emergencia en discapacidad abre un escenario de incertidumbre: la norma ya está en vigor, pero su puesta en marcha dependerá de que el Parlamento defina las partidas en el Presupuesto 2026. Mientras tanto, el Ejecutivo priorizó un alivio inmediato para los prestadores con la actualización de aranceles.