"Es un montón de guita en la calle": los chats que exponen la complicidad estatal tras las 63 muertes por fentanilo
Informes cajoneados, avisos de inspecciones y la prioridad del negocio por encima de la salud pública. La reconstrucción judicial revela cómo las máximas autoridades de la ANMAT y el INAME evitaron frenar a un laboratorio que sabían que estaba contaminado.
Alertas ignoradas, inspecciones de riesgo extremo archivadas y una preocupante cercanía entre los organismos de control y los empresarios farmacéuticos. La reconstrucción judicial que investiga la tragedia del fentanilo contaminado dejó al descubierto un entramado de omisiones y complicidades en la cima de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), una cadena de negligencias que precedió al fallecimiento de al menos 63 personas.
La causa -impulsada por revelaciones de la periodista Camila Dolabjian en Radio Rivadavia- provocó la detención e indagatoria de las ex titulares de ambos organismos, Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó. Las pruebas documentales y los chats incorporados al expediente revelan que las autoridades sabían que el laboratorio HLB Pharma / Laboratorios Ramayo operaba en condiciones críticas mucho antes de que las ampollas mortales llegaran a las droguerías.
La cronología de una omisión anunciada
El deterioro de los controles comenzó a plasmarse a inicios de 2024, cuando se detectó la presencia de un hongo en la planta de producción. En lugar de aplicar clausuras preventivas, la conducción del INAME habría buscado vías para evitar sanciones irreversibles. Para el 28 de noviembre de 2024, una inspección formal del INAME detectó fallas críticas en validaciones, controles microbiológicos y depósitos, recomendando explícitamente la inhabilitación de la planta.
El 3 de enero de 2025, los inspectores reiteraron la advertencia con una instrucción urgente: prohibir toda la producción y retirar los fármacos del mercado.
Sin embargo, las decisiones operativas marcharon en sentido contrario. Entre mediados de diciembre y los primeros días de enero se fabricaron los lotes de fentanilo bajo sospecha. El 14 de enero, una reunión clave entre Bisio, Mantecón Fumadó y el empresario Ariel García Furfaro habría derivado en un "plan de acción" para mantener la planta en marcha sin aplicar la suspensión sugerida por los técnicos.
Fármacos en circulación y protección oficial
El 30 de enero de 2025 salieron al mercado 10.000 ampollas del lote 31.202. La primera muerte registrada tras su aplicación ocurrió el 8 de febrero. Aunque el 10 de febrero se redactó una resolución de prohibición, esta jamás se publicó formalmente ni se hizo efectiva, permitiendo que el lote siguiera distribuyéndose en centros de salud.
Frente a las crecientes consultas internas por el peligro de sumar nuevas víctimas, la respuesta atribuida a Mantecón Fumadó en las conversaciones de WhatsApp sintetizó la orientación de la gestión: "Es un montón de guita que está en la calle".
El Estado no frenó el circuito; fue la propia empresa la que anunció un retiro voluntario y autoinhibición recién en abril. Para el 22 de abril, cuando la ANMAT hizo la vinculación oficial del lote con los eventos adversos, el recuento judicial ya sumaba 63 fallecidos. Incluso con el escándalo en desarrollo, los chats exponen que el laboratorio recibía alertas previas sobre los operativos de control: "Me acaba de avisar Ariel García Furfaro que mañana cae inspección", llegó a escribir una funcionaria.
El alcance hacia el Ministerio de Salud
El expediente busca determinar hasta qué eslabón del Poder Ejecutivo llegaban las novedades. Las exfuncionarias liberadas tras pagar fianzas de 75 millones de pesos declararon que las determinaciones de escala requerían el aval del ministro de Salud, Mario Lugones. Un mensaje del 26 de marzo muestra a Bisio consultando a Mantecón Fumadó si la crisis podía llevar al cierre definitivo de la planta porque "Mario pregunta".
Con las autoridades imputadas y los chats como prueba pericial, el proceso judicial se encamina a definir responsabilidades penales: determinar qué sabían las autoridades, por qué se dilató la quita del lote mortal y si la protección del negocio farmacéutico terminó desencadenando una de las mayores tragedias sanitarias del país.