Escándalo: echaron a dos jefes policiales por usar presos como albañiles
El Gobierno provincial dio de baja al jefe y subjefe de la Unidad Regional Norte, tras comprobar que sacaban detenidos de la comisaría para realizar trabajos de construcción.
Un grave escándalo sacude a la Policía de Tucumán luego de que se comprobara que varios detenidos eran sacados de una comisaría para trabajar como albañiles en una casa de veraneo perteneciente a un alto mando policial. La denuncia anónima derivó en una investigación interna que terminó con la destitución inmediata del jefe y subjefe de la Unidad Regional Norte, una de las más importantes de la provincia, y con cuatro efectivos detenidos.
Todo comenzó cuando el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, recibió llamados anónimos que alertaban sobre la presencia de presos y policías trabajando en una vivienda que pertenecería a Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte.
El funcionario informó de inmediato al gobernador Osvaldo Jaldo, y ambos solicitaron la intervención de la fiscala de Estado, Gilda Pedicone, para esclarecer los hechos. En pocas horas, desde Casa de Gobierno se emitió un decreto que dispuso la baja inmediata de Beltrán y su segundo, el comisario Sergio Juárez.
La sanción fue categórica: no fueron suspendidos ni pasados a retiro, sino expulsados de la fuerza, lo que además impide su jubilación por un tiempo. El decreto, firmado por Jaldo y Agüero Gamboa, calificó las conductas como "incompatibles con la función policial y gravemente lesivas de la confianza pública".
Según las primeras averiguaciones, al menos cuatro detenidos fueron trasladados en patrulleros desde la comisaría hasta la casa de Beltrán para trabajar en la construcción. Los efectivos a cargo de los traslados también realizaban tareas en la obra mientras estaban en horario de servicio.
Una fuente judicial reveló al diario La Gaceta que los presos involucrados estaban condenados por delitos sexuales, y que permanecían alojados irregularmente en calabozos de la Unidad Regional Norte, pese a que la Corte Suprema había ordenado que todos los penados deben permanecer en cárceles provinciales.
"En estos casos no aplica la obediencia debida. Nadie puede callarse si ve semejantes irregularidades", afirmó una fuente policial. Los protocolos establecen que toda salida de un detenido debe tener autorización judicial y quedar registrada, lo que no ocurrió.
La fiscala Mariana Rivadeneira ordenó la detención de Beltrán, quien fue convocado a dependencias policiales y quedó arrestado tras varias horas.
El comisario Juárez, su segundo, se presentó voluntariamente y entregó su teléfono celular, mientras la Justicia evalúa si incurrió en omisión al no denunciar los hechos.
El decreto 3.407 del Ministerio de Seguridad definió la baja como "la respuesta adecuada frente a la gravedad de los hechos verificados".
El texto concluye que "del análisis de la prueba surge acreditada la materialidad de los hechos y la responsabilidad disciplinaria de los agentes".