ANSES: denuncian una red de coimas, sobreprecios y direccionamiento de contratos
El caso investiga presuntas maniobras de asociación ilícita, coimas y direccionamiento de contrataciones por más de 70 millones de dólares.
Una denuncia penal presentada en las últimas horas sacude a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El escrito, radicado en la fiscalía de Guillermo Marijuan, solicita investigar a un grupo de altos funcionarios por presunta asociación ilícita, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y direccionamiento de contratos.
El caso, que podría convertirse en uno de los escándalos de corrupción más importantes dentro del organismo, quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2, conducido por el juez Sebastián Ramos.
Según el texto de la denuncia, las maniobras se habrían originado desde la Secretaría General, encabezada por Paula Amor, quien junto a colaboradores de distintas áreas habría impulsado un circuito paralelo de decisiones con el fin de beneficiar a empresas vinculadas. Entre los mencionados también figuran Fernando Omar Bearzi (director ejecutivo), Gastón Palacios, Diego Palma Beltrán, Luis María Abba, Javier López, Cecilia Paula Rosconi, Santiago Adrián Campo, Duilio Giri, Nora Alicia Valido, Gustavo Gioia, Christian Mikkelsen Loth y Gerardo Corti, entre otros.
Contrataciones bajo sospecha
El documento detalla contratos que superarían los 70 millones de dólares, con presuntos sobreprecios y direccionamientos hacia determinadas empresas tecnológicas.
Una de las firmas señaladas es América Virtual S.A., cuyas facturaciones "se multiplicaron groseramente" en el último período, alcanzando cerca de 9 millones de dólares en servicios adicionales.
También se menciona un acuerdo con SAP, por licencias y consultorías, valuado en 19 millones de dólares, y la contratación del sistema Mainframe de IBM, por 44,6 millones de dólares, a través de la empresa GyL, que alquilaría servidores al Estado.
Una red interna y el manejo de fondos sensibles
Los denunciantes sostienen que la secretaria general Amor buscaba además avanzar sobre la Dirección de Sentencias Judiciales, el área encargada de administrar los pagos retroactivos a jubilados, junto a su chofer Gastón Palacios y el funcionario Santiago Campo.
De comprobarse los hechos, las maniobras encuadrarían en los delitos de asociación ilícita, cohecho, corrupción e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La fiscalía ya remitió el expediente al juzgado competente, y fuentes judiciales advirtieron que la investigación podría tener un alto impacto político y administrativo dentro de la estructura de la ANSES.