Escándalo en Manaos: la Justicia le embargó $500 millones y su dueño podría ir preso. ¿Qué pasará con la empresa?

La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Orlando Canido y de Refres Now por presunta evasión simple de Ganancias 2020. ARCA había denunciado $934 millones; la causa quedó en $132 millones por prescripciones y por la ley de "inocencia fiscal". Qué pena arriesga, qué dice el empresario y por qué la fábrica de Virrey del Pino sigue produciendo.

Hay pocas marcas argentinas que hayan logrado lo que logró Manaos en apenas dos décadas: entrar sin pedir permiso en la mesa de millones de familias. Nació en 2004 en La Matanza, en la planta de Virrey del Pino, y creció a fuerza de un producto correcto, una botella grande y un precio que casi siempre quedó muy por debajo de Coca-Cola y Pepsi. Hoy una Manaos de 2,25 litros se consigue a menos de la mitad de lo que cuestan sus competidoras. En los barrios, en los clubes, en las ferias y en los almacenes del conurbano y del interior, Manaos se volvió "la marca del pueblo" mucho antes de que el marketing se apropiara de la frase, y con esa fórmula desplazó a Pepsi y se convirtió en la segunda gaseosa del país.

Detrás de ese fenómeno hay un empresario de 71 años con más de cincuenta en el negocio de las bebidas. Orlando Canido fue distribuidor de la cerveza Bieckert y el vino Crespi, trabajó con las dos multinacionales que hoy desafía y manejó la distribución de Sao, una línea económica de un viejo embotellador de Coca-Cola. Cuando perdió esa distribución, lanzó su propia marca. La planta de Virrey del Pino emplea a unos 600 trabajadores y, según la propia empresa, tiene una docena de líneas de gaseosas, aguas y saborizadas más tres de envases tetra.

Canido también construyó un personaje. En 2021 se plantó frente a Carrefour, dijo que aceptar las condiciones de la cadena lo fundía y mandó a los franceses a hacer negocios a su país (después pidió disculpas por el exceso verbal). Durante años Manaos no estuvo en las góndolas de las grandes cadenas y sobrevivió igual, apoyada en una red propia de kioscos, almacenes y autoservicios que las multinacionales nunca terminaron de penetrar.

Ese modelo lo llevó al salto más grande de su historia. En julio de 2025, Refres Now (la razón social detrás de Manaos) compró el 100% de Prodea, dueña de Cunnington y de la soda Neuss, por unos 74 millones de dólares, en una negociación que Canido llevó en persona, sin banco de inversión de por medio. La estrategia fue clara: Cunnington para competir de frente con Coca-Cola y Manaos para seguir reinando en el segmento más barato. En un año, el dueño de la gaseosa más popular del país pasó a ser el principal jugador nacional frente a los gigantes.

Pero el frente judicial le dio alcance.

Este jueves, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de Orlando Canido y de Refres Now S.A. por presunta evasión tributaria simple del Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2020, según publicó Clarín. La Cámara ratificó en todos sus términos lo que había resuelto el 2 de julio el Juzgado Federal N° 3 de Morón, incluidos dos embargos preventivos de 250 millones de pesos cada uno, uno sobre los bienes del empresario y otro sobre los de la compañía. En total, 500 millones. Canido sigue en libertad.

La causa arrancó con una denuncia del Ministerio Público Fiscal y de ARCA, que se presentó como querellante, y abarcaba mucho más de lo que terminó procesado. El fisco había denunciado evasión por 934 millones de pesos en valores de la época entre Ganancias, IVA e Impuestos Internos de los ejercicios 2017, 2018 y 2020. Casi todo se cayó. Los hechos de 2017 corresponden a una etapa en la que Canido no presidía la firma, los de 2018 prescribieron y el IVA y los Internos de 2020 quedaron por debajo del nuevo piso de punibilidad que fijó la ley 27.799, la llamada ley de "inocencia fiscal", que subió el umbral de la evasión simple de 1,5 millones a 100 millones de pesos por tributo y por ejercicio. El juez la aplicó de manera retroactiva por ser más benigna. Lo único que sobrevivió fue Ganancias 2020, por 132 millones de pesos, porque supera ese piso por poco.

El hecho concreto que investiga la Justicia es un préstamo. En su declaración jurada de 2020, Refres Now registró un pasivo de 650 millones de pesos bajo el rubro "otras cuentas por pagar", atribuido a un préstamo del accionista Norberto Ernesto Canido, hermano de Orlando. De esa suma, solo 150 millones pudieron respaldarse con documentación. Los otros 400 millones fueron impugnados por el fisco como un pasivo simulado, lo que derivó en un ajuste por incremento patrimonial no justificado. Es decir: la acusación no es que Manaos haya ocultado ventas, sino que no pudo probar de dónde salieron 400 millones de pesos que aparecieron en su caja.

Canido tiene una explicación y la repite con énfasis. Dice que el préstamo fue de 500 millones en efectivo, en enero de 2020, de los cuales 400 millones los aportó un tercero, Lorenzo Pizzo, y que la empresa devolvió el dinero en diciembre de ese año. ARCA sostiene que Pizzo no tenía capacidad económica para prestar esa suma y que no hay movimientos bancarios que respalden ni el ingreso ni la devolución. El empresario, por teléfono con Clarín, fue más allá: "Yo no debo un peso; no debo un aguinaldo ni una hora extra. Siempre me persiguieron porque soy un empresario argentino, el único en el mundo que le ganó a las grandes marcas". Y sobre los papeles que la Justicia le reclama: "Me piden unos papeles que yo no los tengo porque ellos me los secuestraron en un allanamiento. Y como no los presenté, me procesan".

No es la primera vez que el fisco mira de cerca a Manaos. En 2018 la entonces AFIP investigó a Refres Now por una presunta evasión de 900 millones de pesos y cuestionó directamente el modelo de negocio: precios bajos y distribución no tradicional. En una de esas fiscalizaciones detectó tickets de venta a distribuidores que no existían; de 80 distribuidores mayoristas identificados, 39 figuraban en la base de contribuyentes "no confiables". Esa investigación nunca terminó en condena, pero dejó instalada la pregunta que acompaña a la marca desde entonces: cómo hace para vender a la mitad de precio que sus competidores. Vale aclarar que esa pregunta no es la que responde esta causa. El procesamiento confirmado por la Cámara no se trata de ventas en negro ni de costos, sino de un préstamo que la empresa no pudo justificar.

¿Puede ir preso? Sí, en teoría. El Régimen Penal Tributario castiga la evasión simple con prisión de 2 a 6 años. Pero conviene no exagerar: para una primera condena de hasta 3 años, el Código Penal permite la ejecución condicional, es decir, sin ingreso efectivo a la cárcel. Con un monto apenas por encima del piso legal y sin antecedentes, una eventual pena cercana al mínimo probablemente no lo tendría preso. La prisión efectiva está dentro del abanico, pero no es el escenario más probable hoy.

¿Y qué pasa con la empresa? Por ahora, nada. El embargo es una medida cautelar: inmoviliza bienes como garantía de una eventual condena económica, pero no clausura la planta, no inhibe la producción ni frena la distribución. Las líneas de Virrey del Pino siguen funcionando y Cunnington y Neuss ya son parte del grupo. El propio Canido relativizó el impacto con ironía: dijo que como los diarios lo acusaban de evadir unos 1.000 millones, usó "esa plata" para comprar Cunnington, "en blanco" y al contado. Para una compañía que acaba de pagar 74 millones de dólares por una competidora, 500 millones de pesos no comprometen la operación.

Lo que sí cambió es el escenario judicial. Un procesamiento confirmado por una Cámara Federal es un paso firme hacia un juicio oral, aunque todavía no lo garantiza: la defensa pidió el sobreseimiento y la extinción de la acción penal, y esos planteos siguen su curso. Si la causa llega a juicio, en el banquillo van a estar el empresario y la sociedad.

Nada de esto equivale a una condena. El procesamiento es una etapa intermedia y la investigación deberá determinar las responsabilidades que correspondan. Pero para la gaseosa que se hizo grande desafiando a las multinacionales, y para un dueño que asegura que lo persiguen por eso mismo, el frente más difícil ya no está en la góndola sino en Tribunales.