Escándalo por la nueva ART de Chubut, que el gobernador anunció con bombos y platillos pero que los empleados aseguran que no existe la cobertura: quién es la empresa lobbista que está detrás
"Chau al curro de los seguros y más inversión en seguridad", expresaba hace un mes el gobernador Ignacio Torres al anunciar la nueva autoaseguradora provincial. Supuestamente, con el ahorro de la nueva metodología el dinero podría destinarse a educación. Sin embargo, tanto desde el ISSyS como desde Atech, denunciaron que la ART no existe y no cumple.
En una nota de investigación publicada en el portal Letra P, salió a la luz quién está en el trasfondo del nuevo contrato: El empresario detrás del mercado de aseguradoras con provincias como Chubut es Marcos Podestá, titular del grupo Varadero, ligado al PRO, quien "despliega un lobby feroz para cambiar el esquema de seguros de riesgo de trabajo", dice la nota.
La jugada que el gobernador Torres anuncia como positiva en términos financieros para la provincia, en realidad apunta a reformar el esquema público y reducir prestaciones de salud. "El empresario Podestá encabezó la avanzada en Chubut. Un mes atrás, el gobierno provincial anunció el fin del "curro de los seguros", con un supuesto ahorro de más de $1.000 millones destinado a un bono docente. Pero detrás del discurso de austeridad se escondió un cambio sustancial: la provincia ya no contrata una ART integral, sino sólo servicios médicos. Hasta ahora, las aseguradoras cubrían tres patas básicas: la atención médica del accidentado, el pago del salario durante la licencia y la indemnización (o litigio) por incapacidad", advierten en Letra P.
"Con el nuevo esquema, el Estado paga únicamente la atención de salud -que incluso, según fuentes del sector, resultará más cara- y deja en el aire la cobertura de sueldos e indemnizaciones. Eso anticipa un festival de juicios laborales y un costo fiscal que tarde o temprano impactará en las cuentas públicas", agregan.
En Chubut, el servicio era brindado por Prevención ART del Grupo Sancor, que llevaba más de 10 años brindando el servicio y fue excluida pese a presentar la oferta más económica. La ganadora fue Colonia Suiza ART, una prestadora de salud del Grupo Varadero. Médico de profesión, Podestá construyó un conglomerado que va desde la provisión de medicamentos hasta servicios mineros y petroleros.
En la Patagonia se consolidó con Petro Var SA, creada en 2016 para operar yacimientos e importar bienes de capital, y con Traeter, especializada en residuos de la industria petrolera. Esta última le sirvió para afinar sus vínculos con dirigentes del macrismo, aunque también lo expuso a denuncias por negligencia ambiental.
Denuncias que aparecieron en menos de un mes
La semana pasada, la titular de los pasivos del Instituto de Seguridad Social y Seguros, Rosa Contreras, habló con AbcRadio y cuestionó duramente el nuevo sistema de ART, advirtiendo que la creación de la unidad ejecutora de la ART provincial viola la Constitución y deja sin cobertura a trabajadores estatales accidentados.
Según explicó, el decreto 881 adjudicó la prestación médica a la empresa Río Varadero S.A., que subcontrató a otra firma denominada Colonia Suiza, a la cual se derivaría el 1,10% de la masa salarial bruta de los empleados públicos. "Nadie sabe si ya le pusieron la plata. Lo único que sabemos es que desde el 1 de agosto los trabajadores estatales quedaron sin ART prevención. En el medio hubo accidentados, y hoy los prestadores los atienden con cargo a la obra social, pero esos fondos también son de los trabajadores", advirtió.
Contreras adelantó que junto a otras organizaciones solicitaron audiencias en la Legislatura y pedidos de informes al gobernador, al ministro de Economía y al fiscal de Estado para que expliquen el esquema de contrataciones.
Desde Atech también presentaron un reclamo con urgencia sobre el tema. La polémica se desató luego de que el sindicato recibiera una respuesta oficial de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). "El CUIT del Ministerio de Educación no posee afiliación vigente con una ART" y, más aún, "la ART CHUBUT no sería una ART o un auto seguro". Esta revelación contradice la supuesta nueva póliza que debía garantizar la seguridad de los docentes y rodos los trabajadores de la provincia ante accidentes laborales o enfermedades profesionales.
Para entender la gravedad del asunto, es crucial recordar lo que establece la Ley de Riesgos del Trabajo (N° 24.557). Según esta normativa, es obligación de todo empleador, ya sea público o privado, brindar cobertura completa y en tiempo y forma a sus trabajadores. El hecho de que una entidad estatal como el Ministerio de Educación no cumpla con este requisito es una falta de enorme seriedad y puede acarrear graves consecuencias legales y, lo que es más importante, dejar a los docentes en una situación de total desamparo, explican en el escrito presentado ante el Ministerio de Educación.