Escándalo por Malvinas: Milei promete sanciones, pero YPF se asoció con una petrolera británica inhabilitada en un proyecto beneficiado por el RIGI
Harbour Energy posee el 15% de Southern Energy, el consorcio que YPF integra bajo la conducción de Horacio Marín. Los registros oficiales británicos demuestran que es la misma sociedad que se llamaba Premier Oil cuando la Argentina la sancionó por operar sin autorización cerca de Malvinas. Aunque la inhabilitación se extiende hasta 2028, el Gobierno aprobó para el proyecto beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios por treinta años. Ahora Milei anuncia una ofensiva contra las empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas. La contradicción está documentada y exige explicaciones.
MILEI DICE UNA COSA Y SUS DOCUMENTOS MUESTRAN OTRA
El 4 de septiembre, el Gobierno de Javier Milei anunció con tono solemne el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas. La advertencia no quedó limitada a quienes operan directamente: también alcanzaría a sus accionistas y prestadores de servicios.
"Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley", aseguró la Oficina del Presidente en su Comunicado Oficial 158.
El problema es que esa firmeza no aparece cuando se revisa uno de los principales proyectos energéticos promovidos por el propio Gobierno. En abril de 2025, el Ministerio de Economía aprobó el ingreso de Southern Energy al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Entre sus socios se encontraba Harbour Energy, una compañía británica que arrastraba una inhabilitación impuesta por el Estado argentino y que, según los registros públicos, todavía no había vencido. No se trata de dos empresas diferentes ni de una vinculación lejana. Harbour Energy es la misma sociedad que anteriormente se llamaba Premier Oil PLC.
LA MISMA EMPRESA, CON OTRO NOMBRE
El 2 de septiembre de 2013, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 481. La norma inhabilitó durante 15 años a Premier Oil PLC para desarrollar actividades en la República Argentina por haber realizado operaciones hidrocarburíferas en la plataforma continental, cerca de las islas Malvinas, sin autorización de las autoridades nacionales.
La resolución fue publicada el 6 de septiembre de 2013. En consecuencia, la inhabilitación se extendería hasta septiembre de 2028, salvo que exista una decisión administrativa o judicial posterior que la haya dejado sin efecto y que el Gobierno todavía no haya hecho pública. En el registro normativo oficial consultado, la sanción continúa apareciendo vigente. Resolución 481/2013
La continuidad societaria puede comprobarse fuera de cualquier discusión política. El registro oficial de empresas del Reino Unido informa que Harbour Energy PLC tiene el número societario SC234781, fue constituida en 2002 y se llamó Premier Oil PLC desde julio de 2003 hasta el 31 de marzo de 2021.
No fue una compañía que simplemente compró algunos activos de Premier Oil. Es la misma persona jurídica que cambió su denominación después de una reorganización empresarial. Registro de Companies House
El propio Estado argentino había reconocido esta continuidad en 2021, cuando informó que la fusión entre Chrysaor Holdings y Premier Oil había dado lugar a Harbour Energy. Es decir, el antecedente no era secreto ni requería una investigación sofisticada: estaba en los registros públicos británicos y en la documentación oficial argentina.
MARÍN FIRMÓ LA ASOCIACIÓN
La responsabilidad política de Horacio Marín no puede diluirse presentando el caso como una decisión menor adoptada por una subsidiaria. YPF ingresó a Southern Energy durante su gestión y Marín participó personalmente de la firma del acuerdo.
El 30 de enero de 2025, YPF formalizó su incorporación al proyecto junto con PAE, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Marín posó junto a Marcos Bulgheroni, de PAE; Nicolás Mindlin, de Pampa Energía, y Mariano Cancelo, representante de Harbour Energy.
El presidente de YPF calificó públicamente la alianza como "estratégica" para el proyecto Argentina LNG. Al momento de esa incorporación, YPF adquirió inicialmente el 15% de Southern Energy y se comprometió a aportar parte del gas requerido. Posteriormente, con la ampliación del proyecto, su participación aumentó al 25%.
Por lo tanto, Marín no puede alegar que desconocía quiénes integraban el consorcio. Firmó el acuerdo junto al representante de Harbour y presentó públicamente la asociación como una decisión central para el futuro de YPF. Lo que debe explicar es si antes de comprometer a la petrolera controlada por el Estado se revisaron los antecedentes jurídicos de cada socio.
¿YPF sabía que Harbour era la misma Premier Oil inhabilitada? ¿Solicitó un informe a la Secretaría de Energía o a la Cancillería? ¿Intervino el área jurídica de la compañía? ¿Existe un dictamen que haya concluido que la sanción no alcanzaba la participación en Southern Energy?
Hasta ahora no se conocen públicamente esas respuestas.
EL RIGI LLEGÓ DESPUÉS DE LA ASOCIACIÓN
La cronología agrava el interrogante. Southern Energy presentó originalmente su solicitud de adhesión al RIGI en noviembre de 2024. Harbour había anunciado el 3 de diciembre de ese año un acuerdo directo con PAE y Golar LNG para adquirir el 15% del proyecto. Entre enero y febrero de 2025, Harbour, Pampa Energía e YPF se incorporaron como accionistas.
El proyecto recién obtuvo su adhesión al RIGI el 28 de abril de 2025. Es decir, cuando el Gobierno tomó la decisión definitiva, Harbour ya era públicamente parte del consorcio.
La Secretaría de Energía tampoco podía desconocerlo. En la Resolución 165/2025, mediante la cual otorgó a Southern Energy una autorización de libre exportación de GNL, mencionó expresamente a PAE, YPF, Pampa Energía y Harbour Energy entre las compañías que respaldaban con sus reservas el abastecimiento del proyecto. Resolución 165/2025
Un día después de establecerse la fecha de adhesión, el Comité Evaluador recomendó aprobar el proyecto. La Resolución 559/2025, firmada por Luis Caputo, reconoció un plan de inversión total de 6.878 millones de dólares, de los cuales 2.825 millones serían inversiones computables bajo el régimen. Resolución 559/2025
Los beneficios no son simbólicos. Southern Energy obtuvo una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, exenciones de derechos de importación y de la tasa de estadística, ventajas sobre el IVA, exención futura de derechos de exportación, estabilidad normativa durante treinta años y libre disponibilidad progresiva de las divisas generadas por las exportaciones.
Además, recibió autorización para exportar GNL durante treinta años. Harbour informó a sus inversores que el RIGI permitirá al proyecto disponer libremente de sus ingresos en dólares después de tres años de producción. Aunque el beneficiario formal es Southern Energy y no Harbour individualmente, resulta evidente que sus accionistas participan económicamente de las ventajas obtenidas.
LA CONTRADICCIÓN QUE EL PROPIO GOBIERNO ESCRIBIÓ
El dato más comprometedor apareció ahora. El 4 de septiembre de 2026, el Gobierno publicó el Decreto 868, que obliga a los futuros solicitantes del RIGI a presentar una declaración jurada sobre el cumplimiento de la Ley 26.659, tanto por parte del vehículo del proyecto como de todas las personas o sociedades con participación directa o indirecta.
También establece la intervención obligatoria de la autoridad encargada de aplicar la legislación sobre la explotación ilegal de hidrocarburos en Malvinas.
El decreto sostiene expresamente que no sería coherente que el Estado sancione a determinadas compañías por desconocer la soberanía argentina y, simultáneamente, conceda beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios a esas mismas personas, a quienes participan societariamente en ellas o a quienes contratan con ellas.
Pero eso es precisamente lo que el Gobierno debe aclarar en el caso de Southern Energy.
Más aún: el decreto afirma que el cumplimiento de la Ley 26.659 ya era exigible a los proyectos del RIGI desde la sanción del régimen. Por lo tanto, la Casa Rosada no puede defenderse diciendo que recién ahora incorporó el control. Según los fundamentos escritos por el propio Poder Ejecutivo, la obligación ya existía cuando Economía aprobó el proyecto en abril de 2025. Decreto 868/2026
El decreto no menciona a Harbour ni dispone automáticamente la revisión de Southern Energy. Tampoco permite afirmar, por sí solo, que la adhesión al RIGI sea jurídicamente nula. Pero deja expuesta una inconsistencia que el Gobierno no puede resolver con discursos: si las participaciones directas e indirectas importan, ¿por qué no se detectó la inhabilitación de Harbour antes de conceder los beneficios?
LO PROBADO Y LO QUE FALTA DETERMINAR
Está probado que Premier Oil fue inhabilitada durante 15 años. Está probado que Harbour Energy es la misma persona jurídica bajo una nueva denominación. Está probado que YPF se incorporó durante la gestión de Horacio Marín a un consorcio que ya incluía a Harbour. Está probado que Marín participó personalmente de la firma y reivindicó públicamente la alianza. También está probado que Southern Energy obtuvo después beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios del RIGI.
Lo que aún no puede afirmarse es que Horacio Marín, o los demás accionistas hayan ocultado deliberadamente la sanción. Tampoco se conoce si existe un dictamen oficial que haya considerado que la inhabilitación de Premier Oil no alcanzaba su participación en Southern Energy.
Esa diferencia es importante. Una contradicción documentada no debe convertirse, sin pruebas adicionales, en una acusación de corrupción. Pero tampoco puede ser archivada como una mera formalidad societaria.
El Gobierno debe publicar el expediente completo de adhesión al RIGI, la nómina de accionistas informada por Southern Energy, los dictámenes jurídicos, las consultas efectuadas a Cancillería y los antecedentes analizados por el Comité Evaluador. YPF, por su parte, debe explicar qué control de integridad realizó antes de asociarse y comprometer garantías y suministro de gas durante veinte años.
Milei acaba de proclamar que defenderá Malvinas con "toda la firmeza de la ley". La primera prueba de esa firmeza está dentro de su propio gobierno. Antes de anunciar sanciones contra 45 empresas, debe explicar por qué la YPF de Horacio Marín se sentó a firmar con una petrolera inhabilitada y por qué el Ministerio de Economía concedió beneficios extraordinarios al consorcio que ambas integran.
La soberanía no se defiende solamente con cadenas nacionales. También se defiende revisando los nombres, los antecedentes y los socios que aparecen en los expedientes oficiales.