Grave: el radar de capital británico sigue en pie en Tierra del Fuego y la comisión investigadora no pudo ingresar al predio

La instalación de LeoLabs permanece en Tolhuin después de las advertencias de Defensa por sus posibles usos militares. La comisión legislativa realizó verificaciones desde el exterior, pero no pudo revisar el interior del establecimiento. Años de controversia, explicaciones contrapuestas y responsabilidades pendientes en una zona estratégica para la soberanía argentina.

El radar de LeoLabs instalado en Tierra del Fuego sigue en pie y la comisión encargada de investigar cómo se autorizó su instalación no pudo ingresar al interior del establecimiento. La visita realizada este martes 10 de noviembre en Tolhuin expuso un problema que atraviesa distintas gestiones: después de las advertencias sobre riesgos para la seguridad nacional, todavía se necesitan verificaciones y explicaciones sobre lo que permanece dentro del predio.

Según informó El Tolhuinense, tres legisladores participaron de la recorrida y especialistas realizaron mediciones desde el perímetro exterior para intentar determinar si circulaba energía hacia el campo de antenas. La crónica no publicó los resultados ni explicó por qué no pudieron acceder. Esa limitación impide presentar la visita como una inspección integral y deja abierta una pregunta central: ¿cómo se garantiza un control efectivo sobre una instalación de estas características?

La preocupación tiene antecedentes oficiales. En agosto de 2023, el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, pidió cancelar definitivamente el proyecto. El Gobierno fueguino difundió que el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Martín Paleo, lo había considerado una "seria amenaza a la seguridad nacional". El gobernador Gustavo Melella respaldó aquella decisión y reclamó revisar las actuaciones de los funcionarios que habían permitido avanzar con la instalación.

La advertencia apuntaba al posible uso dual de la tecnología: equipos con aplicaciones civiles que también pueden ofrecer información de utilidad militar. En septiembre de 2026, al declarar ante la comisión investigadora, Taiana sostuvo que su gestión había requerido evaluaciones a especialistas de CONAE e INVAP y que esos antecedentes fundamentaron el pedido de cancelación.

El exministro también afirmó que el Gobierno provincial contaba con facultades para decidir el desmantelamiento. Esa declaración puso nuevamente sobre la mesa una responsabilidad que no puede perderse entre expedientes nacionales y provinciales: determinar qué debía hacer cada autoridad y qué medidas se ejecutaron realmente.

LeoLabs había presentado la estación argentina como parte de una red para rastrear satélites y desechos en órbita terrestre baja y prevenir colisiones. La empresa explicó que eligió Tierra del Fuego por su elevada latitud y por el aporte que esa ubicación podía realizar a su cobertura del hemisferio sur. La localización, por lo tanto, tenía un valor estratégico reconocido por la propia compañía.

Además, sus vínculos con el sector militar están documentados. El 5 de noviembre de 2026, LeoLabs anunció un compromiso de préstamo condicionado de hasta US$150 millones del Gobierno estadounidense para ampliar su fabricación de radares y atender prioridades de seguridad nacional de ese país. Su anuncio describió aplicaciones de vigilancia espacial y defensa antimisiles dentro de su cartera tecnológica.

Ese antecedente demuestra que la actividad de la compañía incluye funciones militares. No prueba que la estación de Tolhuin haya realizado esas tareas ni que tenga todas las capacidades de otros equipos de la empresa. Sí refuerza la necesidad de conocer con precisión qué tecnología permanece instalada en territorio argentino, quién puede operarla y bajo qué controles.

La participación británica también debe describirse con exactitud. En el informe 143 de la Jefatura de Gabinete al Senado, Defensa indicó que el 95% de LeoLabs Argentina pertenecía a una sociedad radicada en Irlanda y el 5% a otra del Reino Unido, ambas controladas por la estadounidense LeoLabs Inc. Esa respuesta negó participación directa del Gobierno británico y sostuvo que la sociedad británica no recibía datos del radar.

La misma documentación expuso una discrepancia dentro del propio Estado argentino: la gestión nacional posterior cuestionó los fundamentos técnicos del informe de 2023, informó que estaba realizando una auditoría y describió al sistema como instalado, pero inactivo.

La contradicción entre evaluaciones oficiales exige una explicación técnica verificable. Un Gobierno advirtió sobre una amenaza para la seguridad nacional y el siguiente cuestionó ese diagnóstico. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué se comprobó, con qué procedimientos y qué garantías existen sobre el estado de las instalaciones.

En septiembre de 2023, el Gobierno fueguino había comunicado que LeoLabs le notificó el inicio del desarme del sistema electrónico para garantizar su inoperatividad. Ese anuncio no equivalía al retiro completo de las estructuras. Más de tres años después, corresponde precisar qué componentes fueron retirados, cuáles permanecen y cómo se verifica el cumplimiento de las restricciones.

Las dificultades de la investigación tampoco se limitan al acceso al establecimiento. La Legislatura informó que funcionarios y exfuncionarios convocados a la reunión del 5 de noviembre no asistieron. Entre ellos estaban el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, y la exministra Sonia Castiglione. La comisión presidida por Pablo Villegas tiene plazo hasta el 15 de diciembre para presentar su informe final.

Las ausencias y las verificaciones incompletas agravan un problema de responsabilidad institucional. Se está investigando cómo se autorizó una infraestructura cuestionada por Defensa en una región atravesada por el conflicto de soberanía con el Reino Unido. Las autoridades involucradas deben dar explicaciones y aportar la documentación necesaria para esclarecer lo ocurrido.

El riesgo que debe evaluarse es concreto: si una instalación de seguimiento espacial puede generar información de utilidad militar, Argentina necesita conocer y controlar sus condiciones de funcionamiento, los accesos a sus sistemas y el destino de sus datos. Esa exigencia adquiere especial relevancia en Tierra del Fuego y frente a la presencia militar británica en Malvinas.

No está probado que el radar esté funcionando actualmente ni que realice espionaje. Afirmarlo excedería la evidencia disponible. Pero esa falta de prueba tampoco convierte una inspección exterior en garantía suficiente ni resuelve las responsabilidades por su instalación.

Después de años de controversia, el Estado debe garantizar una revisión completa, mediante los mecanismos legales correspondientes, y explicar públicamente sus conclusiones. La defensa de la soberanía exige algo más que declaraciones: exige saber qué hay instalado en el territorio, quién lo controla y qué puede hacer con ello. Una comisión que termina su visita sin revisar el interior deja esa tarea pendiente.