Halliburton se bajó del proyecto petrolero de Malvinas: las tres gigantes que dijeron que no ya se habían ido del Golfo San Jorge
La empresa estadounidense confirmó que ni ella ni sus filiales trabajarán en Sea Lion, después de que el Gobierno le advirtiera sobre sanciones penales y civiles. SLB y Baker Hughes habían dicho lo mismo en septiembre. Las operadoras del proyecto, en cambio, sostienen que la perforación sigue prevista para comienzos de 2027.
Halliburton comunicó a las autoridades argentinas que no participará de la exploración ni de la producción de hidrocarburos en Malvinas, ni prestará servicios vinculados a esas actividades. El presidente Javier Milei celebró la decisión a través de un comunicado oficial que cierra con la frase "las Malvinas son argentinas".
Conviene precisar qué pasó exactamente, porque la palabra "retiro" sugiere algo que no está documentado. No hay constancia pública de que Halliburton tuviera un contrato firmado en Sea Lion: lo que existía eran contactos sobre su eventual participación. Lo que hizo ahora es confirmar formalmente que no la habrá. Y no es la primera vez que lo dice: el 5 de septiembre, las tres mayores empresas de servicios petroleros del mundo (SLB, la ex Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes) habían declarado por separado que no participaban ni planeaban participar en licitaciones vinculadas a las islas.
Qué las hizo moverse
El 4 de septiembre el Gobierno publicó el Decreto 868/2026, que reglamenta los procedimientos para investigar y sancionar la actividad hidrocarburífera no autorizada en la Plataforma Continental Argentina, en el marco de la Ley 26.659.
El régimen es duro y, sobre todo, es amplio. Prevé inhabilitaciones de cinco a veinte años, reversión de concesiones al Estado, cese de beneficios fiscales y previsionales y prohibición de contratar con el Estado. En el plano penal, la ley contempla penas de cinco a diez años de prisión para la exploración sin autorización y de diez a quince años para la extracción o el transporte, con multas calculadas en barriles de petróleo WTI, que para las personas jurídicas pueden llegar al equivalente de 1.500.000 barriles, además de la suspensión de actividades por hasta diez años y la cancelación de la personería.
El punto que explica la reacción de las empresas de servicios está en el alcance: la norma comprende a quienes tengan participación directa o indirecta, e incluye expresamente a accionistas, directivos y prestadores de servicios técnicos, financieros y de asesoramiento. No hace falta operar el yacimiento para quedar alcanzado: alcanza con proveerle.
El 5 de septiembre la Cancillería inició sanciones contra 45 personas y empresas, un universo que luego se amplió a 60 procedimientos administrativos. Hay además tres denuncias penales contra diez empresas y alrededor de 180 compañías notificadas. Ninguna imputación fue probada hasta ahora. El 18 de septiembre el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Ley de Soberanía que extiende las prohibiciones a todos los recursos naturales de la plataforma continental.
Qué es Sea Lion y qué dicen sus operadores
El proyecto está ubicado unos 220 kilómetros al norte de las islas. Lo opera la israelí Navitas Petroleum, con el 65%, junto a la británica Rockhopper Exploration, con el 35%. La decisión final de inversión se tomó en diciembre de 2025. La primera fase está estimada en unos 1.800 millones de dólares sobre reservas declaradas de 1.700 millones de barriles. El cronograma prevé iniciar la perforación a comienzos de 2027 y la primera producción en 2028.
Acá aparece el límite del festejo. El 4 de septiembre, cuando las tres empresas de servicios ya habían dicho que no, los operadores comunicaron que no esperaban un efecto material sobre el cronograma. Es decir: las compañías que Argentina logró apartar no eran, al menos según los propios responsables del proyecto, insustituibles.
El dato que mira distinto desde Comodoro
Hay una lectura que desde la Patagonia resulta inevitable. Las tres gigantes que ahora dicen que no a Malvinas ya se habían ido de la cuenca del Golfo San Jorge, y no por soberanía.
Halliburton y Baker Hughes se retiraron de la cuenca a comienzos de 2025. Schlumberger lo hizo en julio del mismo año, con la pérdida de al menos 80 puestos de trabajo entre electrosumergibles, administración y servicios asociados. Hoy quedan tres empresas de servicios especiales operando en la región: Geopatagonia, Latitud 45 y San Antonio, esta última atravesando dificultades financieras. Calfrac y Weatherford trabajan con actividad cada vez menor.
La Cámara de Empresas Regionales del Golfo San Jorge estimó alrededor de 3.000 desvinculaciones en Chubut durante 2025, con una cifra similar en el norte de Santa Cruz.
De modo que el Gobierno celebra que Halliburton no trabaje en un yacimiento que Argentina reclama, mientras la misma Halliburton ya había dejado de trabajar en los yacimientos que Argentina efectivamente administra. La decisión que hoy se festeja como una victoria diplomática es, en la cuenca, la continuidad de una retirada que empezó hace dos años y que acá se midió en empleos.
Nada de esto invalida el reclamo de soberanía ni la utilidad del nuevo régimen sancionatorio, que es la herramienta más concreta que el país aplicó en años sobre la explotación de recursos en el Atlántico Sur. Pero sí marca la distancia entre un comunicado y un resultado. Sea Lion sigue en pie, con perforación prevista para dentro de catorce meses, y las empresas que se apartaron no estaban trabajando en la Argentina de todos modos.