Heredia sobre el acuerdo entre Chubut e YPF: "Que la Legislatura lo haya aprobado no lo legitima"

El abogado constitucionalista Raúl Heredia confirmó la presentación de una demanda ante el Juzgado Federal de Rawson para solicitar la nulidad absoluta del acuerdo firmado entre el Gobierno de Chubut e YPF por los pasivos ambientales de la actividad petrolera.

En diálogo con ABC Radio, Heredia explicó que la acción fue presentada en respaldo al docente y poeta Jorge Spíndola y aclaró que se trata de un proceso diferente al iniciado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

"El objetivo es que se anule el acuerdo y que se empiece de nuevo. Eso es lo que perseguimos", afirmó.

El abogado explicó que la presentación impulsada por el Municipio tiene otro objeto, mientras que la promovida por Spíndola y un grupo de profesionales y especialistas ambientales busca dejar completamente sin efecto el convenio.

"Nosotros perseguimos la nulidad absoluta del acuerdo por todas las razones que hemos dado. En un título sintético, podríamos decir que viola el orden público ambiental, que está consagrado y garantizado constitucional y convencionalmente", sostuvo.

"La ley no hace válido ni legítimo el acuerdo"

Consultado sobre la aprobación legislativa del convenio, Heredia señaló que el aval de la mayoría de los diputados provinciales no impide que la Justicia analice su constitucionalidad.

"El hecho de que la Legislatura haya sancionado una ley aprobando el acuerdo no lo legitima por eso solo", advirtió.

Según explicó, si la Justicia determina que el convenio es contrario a la Constitución y a los tratados internacionales, también podría declarar inconstitucional la ley que lo aprobó.

"Si el acuerdo es inconvencional o inconstitucional, como decimos nosotros, ilegítimo y nulo, la ley no lo hace válido ni legítimo. La ley corre la misma suerte: se anula el acuerdo y se declara la inconstitucionalidad de la ley que lo aprueba", afirmó.

Los cuestionamientos ambientales

Heredia detalló que la demanda sostiene que el acuerdo vulneró principios básicos de protección ambiental, entre ellos la participación ciudadana previa.

"No hubo participación ciudadana y tampoco se convocó a las autoridades municipales. Se las dejó absolutamente de lado", señaló.

Otro de los puntos cuestionados es la falta de un estudio independiente, objetivo y basado en criterios científicos para determinar el alcance de los pasivos ambientales.

"No se hizo un estudio objetivo e independiente sobre bases científicas del impacto ambiental. Se actuó de un modo arbitrario, aprobando un estudio que hizo la propia YPF y que luego la Provincia convalidó", manifestó.

El abogado indicó además que las disposiciones administrativas previas establecían la necesidad de completar un estudio ambiental que nunca se terminó.

"Siempre se dejó reservado que debía completarse un estudio ambiental que no se completó nunca. Hay una contradicción flagrante entre lo que se firmó el 26 de junio y las disposiciones administrativas que lo precedieron", explicó.

La responsabilidad del Estado nacional

La presentación también solicita que se determine la responsabilidad patrimonial del Estado nacional por los pasivos ambientales generados antes del 31 de diciembre de 1990.

Heredia explicó que, al momento de la privatización de YPF, una denominada "ley de corte" estableció que el Estado nacional conservaría la responsabilidad por los pasivos correspondientes al período en el que la petrolera era estatal.

"Cuando se privatizó YPF, el Estado nacional retuvo para sí los pasivos de la YPF estatal. Esa ley de corte tampoco fue respetada y no se convocó al Estado nacional", sostuvo.

Por ese motivo, la demanda fue dirigida contra tres partes: el Gobierno de Chubut, YPF y el Estado nacional.

Solicitaron suspender los efectos del convenio

El Juzgado Federal de Rawson deberá analizar ahora si la presentación cumple con los requisitos de admisibilidad.

Heredia destacó que la Constitución, los tratados internacionales y la Ley General del Ambiente establecen una legitimación amplia para impulsar este tipo de acciones y solicitan a los jueces flexibilizar los requisitos formales cuando está en juego la protección ambiental.

"Las leyes les piden a los jueces que no formalicen las presentaciones y que favorezcan la protección del ambiente a través de estas acciones judiciales. Eso es lo que invocamos", explicó.

Si el amparo es admitido, se correrá traslado a las tres partes demandadas para que presenten sus respectivos informes.

La presentación también incluye una medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo mientras se resuelve la cuestión de fondo.

"Lo más urgente que hemos solicitado es una medida cautelar para que se suspendan los efectos de este acuerdo", remarcó Heredia.

Respecto de los tiempos judiciales, indicó que no existe un plazo concreto para que el tribunal responda, aunque consideró que debería expedirse rápidamente debido a la urgencia planteada.

"Si el tribunal atiende la urgencia, se va a expedir con rapidez", concluyó.