Histórica demanda colectiva por los glaciares: más de 300.000 personas se rebelan contra la reforma judicialmente
Tras la polémica aprobación de los cambios en la Ley de Glaciares, la ciudadanía respondió con una adhesión masiva y sin precedentes. En menos de 12 horas, la iniciativa de las organizaciones ambientales se convirtió en la mayor demanda colectiva de la historia argentina.
Apenas 24 horas después de que el Congreso aprobara la reforma de la Ley de Glaciares, la respuesta social ha desbordado cualquier previsión técnica o política. A través de una plataforma digital lanzada por las principales ONG ambientales del país, más de 300.000 ciudadanos se sumaron a una demanda colectiva para frenar lo que consideran un "retroceso irreversible".
La iniciativa, impulsada conjuntamente por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, busca judicializar la reforma bajo el argumento de que pone en riesgo directo el acceso al agua y la preservación de los ecosistemas de alta montaña.
Un hito en la historia ambiental
El ritmo de adhesiones ha sido vertiginoso. Según informaron las organizaciones, la cifra de 300.000 firmas se alcanzó en menos de 12 horas de disponibilidad de la plataforma, triplicando incluso la participación registrada en la última Audiencia Pública sobre el tema.
Este volumen de participación ciudadana no tiene parangón en la jurisprudencia argentina. "La ciudadanía será la protagonista de la lucha por recuperar la ley. Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia", sentenciaron los referentes de las ONG en un comunicado conjunto que marca el inicio de una nueva y agresiva etapa de resistencia legal.
El agua en el centro del conflicto
Las organizaciones advierten que la reforma aprobada recientemente flexibiliza las restricciones a actividades industriales en zonas periglaciares, lo que consideran una violación al principio de no regresión ambiental. La estrategia de la demanda colectiva busca demostrar que existe una "voluntad mayoritaria" que fue ignorada durante el proceso legislativo.
Desde el punto de vista legal, las entidades aclararon los siguientes puntos:
Sin obligaciones legales: La adhesión de los ciudadanos no genera costos ni compromisos judiciales individuales para quienes firman.
Fuerza social: El objetivo es construir una masa crítica que la Justicia no pueda desestimar al momento de analizar los amparos que se presentarán en los próximos días.
Nueva etapa: de las calles a los tribunales
Para los ambientalistas, lejos de ser el fin de la discusión, la aprobación de la reforma es el punto de partida de un conflicto social de largo aliento. La masividad de la respuesta digital funciona como un termómetro del malestar social y adelanta una batalla judicial que llegará, probablemente, hasta la Corte Suprema de Justicia.
"Esto no es solo una firma, es una forma de amplificar un reclamo que ya se expresó en las calles y que ahora busca protección en los tribunales", concluyeron desde las organizaciones. La plataforma sigue abierta y se espera que el número de adherentes continúe creciendo de manera exponencial en las próximas horas.
Para sumar la adhesión exclusiva de instituciones y colectivos hacé click aquí.