Investigan a los organismos que debían proteger a Ángel: posibles fallas del sistema estatal
El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, confirmó que se iniciará una investigación sobre la intervención de los distintos organismos públicos que tenían la obligación de prevenir e intervenir.
La Justicia avanzó en una investigación clave para determinar si existieron fallas en los organismos de protección infantil en el caso de Ángel López, un hecho que volvió a poner en el centro del debate la eficacia del sistema estatal frente a situaciones de vulnerabilidad.
El foco ahora no solo está en los responsables directos, sino también en las instituciones que tenían la obligación de intervenir y prevenir. De esta manera, se analizará la intervención de todos los actores involucrados en su historial, incluyendo personal del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa de Derechos y Garantías de la Niñez.
Ángel, de cuatro años, murió en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia luego de ser dejado allí por su madre, Mariela Altamirano, quien tenía su custodia luego de que la Justicia de Familia así lo decidiera. Si fue homicidio, su madre podría recibir cadena perpetua.
Fue el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, quien confirmó que se iniciará una investigación sobre la intervención de los distintos organismos públicos.
De acuerdo con fuentes judiciales, la causa busca establecer si hubo negligencia, omisión o incumplimiento de deberes por parte de los organismos públicos encargados de resguardar los derechos del menor. Los investigadores analizan si existían denuncias previas o señales de alerta, qué tipo de seguimiento realizaron los equipos técnicos y si los protocolos de protección de la niñez se activaron correctamente. También se intenta reconstruir el nivel de articulación entre el sistema judicial, los servicios de salud y las áreas sociales, un aspecto que suele ser determinante en este tipo de casos.
En el plano legal, la normativa vigente establece que el Estado debe garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, con intervenciones inmediatas ante cualquier vulneración de derechos. Cuando estas obligaciones no se cumplen, pueden derivarse responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales para los funcionarios involucrados.